March 17, 2023
READING, March 17, 2023 – State Senator Katie Muth (D-Chester/Montgomery/Berks), Chair of the Senate Democratic Policy Committee, joined Senator Judy Schwank (D-Berks) and Senator Art Haywood (D-Montgomery/Philadelphia) earlier this week at Alvernia University in Reading to discuss strategies to engage youth to reduce violence and keep them out of the justice system.
The hearing featured testimony from experts in law enforcement and state agencies as well as nonprofit service providers who each discussed the challenges and opportunities related to Pennsylvania’s juvenile justice system and community violence.
“This week’s hearing was a great opportunity to really learn about what is working and what challenges are facing our service providers and our judicial system when dealing with violence and crime among our youth. We need to do all we can to ensure that our children are not just surviving – but that they are thriving,” Muth said. “We have to continue working together, learning what works and documenting what works so that we can invest state funding into programs and services that are proven to work to keep juveniles out of our justice system and keep our communities safe.”
According to statistics provided by the Pennsylvania Commission on Crime and Delinquency (PCCD), youth violence continues to steadily decline and fewer youth are coming into Pennsylvania’s juvenile justice system. PCCD reported that between 2012 and 2021, the arrest rate for violent crime among youth in Pennsylvania decreased by 72 percent. And last year, the number of Pennsylvania youth who received a juvenile justice disposition was 15 percent lower than the prior year, and 57 percent lower than 2013-14 levels.
“I think we all understand that while every community in Pennsylvania is different, we all deal with crime. Too often, I think we react to incidents in our community instead of looking at root causes. That’s really what this hearing was all about,” Schwank said. “We had a great group of testifiers that provided us with terrific information that we can use to ensure programs that are making a difference are being supported across the commonwealth.”
According to a 2022 New York Times Magazine report, gun violence has surpassed car accidents as the leading cause of death among American children and youth. PCCD Executive Director Michael Pennington cited statistics stating that between 2011 and 2020, 1,151 individuals between the ages of 10 and 19 lost their lives to gun violence in Pennsylvania.
“Unfortunately, juvenile violence is all too common in Philadelphia and across the state, leaving young people and their families caught in the literal crossfires. Neighbors are desperate for solutions, desperate for prevention, desperate for help,” Haywood added. “We need to support our young people through mentorship, multi-systemic counseling and services, and unwavering love.”
Participants in the hearing included Judge Scott E. Lash, Berks County Court of Common Pleas; Barbara Dancy, Berks County Juvenile Probation; Radarra McLendon, Founder, Village of Reading; Ebonie Cunningham Stringer, Executive Director, Berks Youth Violence Interruption and Intervention Program; and Michael Pennington, Executive Director, Pennsylvania Commission on Crime and Delinquency.
Other Senators that participated in the hearing virtually included Senate Democratic Leader Jay Costa (D-Allegheny), Sen. Tina Tartaglione (D-Philadelphia), Sen. Tim Kearney (D-Delaware), Sen. Maria Collett (D-Montgomery), Sen. John Kane (D-Chester/Delaware), Sen. Jim Brewster (D-Allegheny) and Sen. Jimmy Dillon (D-Philadelphia).
Todos los testimonios presentados en la audiencia y el vídeo completo están disponibles en SenatorMuth.com/Policy
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7 de septiembre de 2022
HARRISBURG, 7 de septiembre de 2022 - La senadora estatal Katie Muth (D- Berks/Chester/Montgomery), presidenta del Comité de Política Demócrata del Senado, se unió a la senadora estatal Judy Schwank (D-Berks) y a las representantes estatales Bridget Kosierowski (D-Lackawanna) y Melissa Shusterman (D-Chester/Montgomery). Bridget Kosierowski (D-Lackawanna) y Melissa Shusterman (D-Chester / Montgomery) para acoger una mesa redonda sobre las prácticas engañosas de los llamados Centros de Crisis del Embarazo (CPC) en Pennsylvania.
La mesa redonda celebrada en el Capitolio del Estado en Harrisburg formaba parte de una serie de actos organizados conjuntamente por la Comisión de Política Demócrata del Senado y la Comisión de Política Demócrata de la Cámara de Representantes sobre el futuro de la atención sanitaria reproductiva en Pensilvania.
"Como escuchamos ayer, más de 150 centros anti-aborto operan en nuestro estado, y muchos reciben dinero de los contribuyentes. El testimonio de ayer reveló los peligros de tener estos llamados "Centros de Crisis del Embarazo" (clínicas anti-aborto) que sólo existen para desalentar y limitar el acceso al aborto, retrasar la atención médica adecuada, y difundir información errónea sobre la atención pre / post-natal y la salud sexual. En Pensilvania, estos centros ficticios no están obligados a contar con un profesional sanitario realmente autorizado que trabaje en las instalaciones, y estos centros no están sujetos a los requisitos de confidencialidad de los pacientes, lo que permite que la información personal y sobre la salud privada se comparta y se venda sin el consentimiento o el conocimiento de la persona que busca atención", dijo Muth. "Es necesario que los poderes públicos garanticen la protección de los consumidores frente a centros ficticios que gastan millones de dólares en marketing engañoso para anunciarse como centros de atención sanitaria cuando en realidad no prestan tales servicios y carecen de licencias médicas para prestar servicios sanitarios reales. Estas prácticas engañosas pueden provocar daños humanos e incluso la muerte de una futura madre debido a un retraso en la atención causado por estos centros que pierden un tiempo precioso con una orientación falsa."
La mayoría de los CPC no prestan servicios médicos ni emplean personal médico a tiempo completo, sino que recurren a voluntarios que no tienen licencia ni formación para prestar servicios médicos y no están sujetos a normas médicas, éticas o reglamentarias. Atraen a los clientes comercializando servicios médicos gratuitos como ecografías "no diagnósticas" para manipular la falsa impresión de que ofrecen servicios médicos legítimos.
"Es importante que todos los ciudadanos de Pensilvania entiendan hacia dónde dirigimos el dinero de sus impuestos. Los Centros de Crisis del Embarazo han sido prodigados con fondos de la Commonwealth y han utilizado esa financiación para promover dudosas prácticas comerciales y médicas e impulsar una agenda anti-elección en pacientes vulnerables que necesitan asesoramiento real", dijo Schwank. "Además, no se rinden cuentas de los millones de dólares gastados en estos centros. Las mujeres necesitan una atención sanitaria reproductiva de calidad que les proporcione asesoramiento médico real y servicios de seguimiento para apoyarlas en cualquier decisión que tomen en relación con un embarazo no planificado."
Pensilvania lleva utilizando el dinero de los contribuyentes para apoyar a los CPC en el presupuesto estatal desde 1997. La Commonwealth también fue el primer estado en distribuir dinero de la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) a los CPC en 2002, redirigiendo este dinero destinado a ayudar a las familias de bajos ingresos en su lugar hacia la divulgación anti-aborto y la difusión de desinformación médica. Desde entonces, al menos otros nueve estados han seguido su ejemplo, apoyando económicamente a los CPC con dinero del TANF.
"Una abrumadora mayoría de los ciudadanos de Pensilvania y de todo el país están de hecho a favor del derecho a decidir; los que intentan arrebatar el derecho a elegir y el derecho a una atención sanitaria reproductiva segura y legal son minoría", añadió Kosierowski. "La decisión médica más personal que toma una mujer debería ser entre ella misma y su médico, no entre una legislatura dominada por los hombres o el Tribunal Supremo. El derecho de una mujer a elegir debería ser sólo eso: el derecho de una mujer a elegir."
Entre los participantes se encuentran Ashley Underwood, Directora, Equity Forward; Tara Murtha, Directora de Comunicaciones Estratégicas, Women's Law Project; Croney Bouse, MPH, Directora de Campo Estatal, Planned Parenthood PA Advocates; Melissa Wiler Gerber, Presidenta/CEO, AccessMatters; y Kelly Davis, Directora Ejecutiva, New Voices for Reproductive Justice.
"Un embarazo inesperado puede ser una situación aterradora y la necesidad de cuidados prenatales puede llevar a muchas mujeres a los centros de crisis del embarazo. Sin embargo, estos centros -a menudo vinculados a organizaciones religiosas- ofrecen información sanitaria engañosa por parte de voluntarios sin cualificación médica. En última instancia, su objetivo es retrasar los procedimientos médicos hasta que sea demasiado tarde para interrumpir legalmente un embarazo, algo que estos centros nunca presentan como una opción", dijo Shusterman. "He presentado un paquete legislativo que pondrá fin a la financiación de estas organizaciones y redirigirá esos fondos a organizaciones de planificación familiar que realmente satisfagan las necesidades sanitarias de las mujeres. Las mujeres merecen honestidad y el derecho a tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos."
Todos los testimonios presentados en la audiencia y el vídeo completo están disponibles en SenatorMuth.com/Policy.
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Testimonio
11 de agosto de 2022
Pittsburgh - 11 de agosto de 2022 - Esta mañana, el Caucus de Salud de la Mujer de Pensilvania, junto con los Comités de Política Demócrata de la Cámara y el Senado, celebró su tercera audiencia sobre Pennsylvania post-Roe en la Universidad de Chatham.
La audiencia contó con el testimonio de proveedores de abortos, profesionales médicos y grupos de defensa de Pittsburgh y el oeste de Pensilvania. Los testigos destacaron la necesidad de mantener el aborto seguro y legal en Pensilvania, los retos a los que se enfrentan los proveedores de aborto desde la revocación de Roe v. Wade y algunos de los problemas que se ven exacerbados por las prohibiciones del aborto, como la violencia doméstica. También proporcionó información sobre cómo los proveedores están manejando la afluencia de pacientes de fuera del estado Pennsylvania occidental está viendo.
Sydney Etheridge, Presidenta y Directora General de Planned Parenthood of Western Pennsylvania, declaró que la anulación del caso Roe contra Wade supuso una presión inmediata para los proveedores de abortos de la región.
"Como era de esperar, nuestra región ha visto los efectos de esta decisión casi al instante con las dos únicas clínicas de aborto independientes, Allegheny Reproductive Health Center y Planned Parenthood of Western Pennsylvania, asumiendo una afluencia de llamadas y visitas de pacientes", dijo Etheridge. A pesar de la presión que esto ha supuesto para nuestros centros, por no mencionar los problemas que los viajes y otras barreras pueden suponer para los pacientes, nuestro personal sigue haciendo todo lo posible para garantizar que los pacientes reciban la atención que necesitan cuando la necesitan". Mientras que el aborto sigue siendo legal en Pensilvania en este momento, es de vital importancia que el aborto siga siendo accesible no sólo para los residentes de Pensilvania, sino también para aquellos que vienen a nuestro estado en busca de atención compasiva."
Los cuatro copresidentes de la WHC dijeron después de la audiencia que ampliar el acceso a la atención de la salud reproductiva y apoyar a los proveedores debe ser una prioridad legislativa. También mencionaron que la audiencia proporcionó contexto sobre cómo las prohibiciones en otros estados están afectando a los proveedores de aborto de Pensilvania, particularmente en el área de Pittsburgh.
"La proximidad de Pittsburgh a Ohio y Virginia Occidental, dos estados que han pasado a restringir el acceso al aborto, significa que va a ver una gran cantidad de pacientes de fuera del estado", dijo el copresidente WHC senador Judy Schwank (D-Berks). "El testimonio de hoy puso de relieve que esto ya ha comenzado y está poniendo presión sobre los proveedores de aborto de la región. Lo más importante ahora es que Pennsylvania sigue siendo un lugar donde las mujeres pueden acceder a la atención de salud reproductiva que necesitan y que tomemos medidas para apoyar a nuestros proveedores."
"La accesibilidad sigue siendo un problema importante cuando se trata de la atención del aborto en Pensilvania", dijo la copresidenta del WHC, la senadora Amanda Cappelletti (D-Montgomery, Delaware). "Con muchos de nuestros vecinos que prohíben el aborto, los proveedores de aborto están siendo abrumados con las personas que necesitan para acceder a este procedimiento que salva vidas. Es fundamental que nos mantengamos vigilantes en la ampliación del acceso a estos procedimientos de atención de la salud para cualquier persona que los busca dentro de la mancomunidad."
"El aborto en Pensilvania sigue siendo seguro y legal, y debemos trabajar para que siga siendo así", dijo la copresidenta del WHC, la diputada Mary Jo Daley (D-Montgomery). "Cada embarazo es diferente, y cada persona embarazada tiene derecho a la intimidad y la autonomía corporal al igual que los médicos deben ser capaces de proporcionar la atención más adecuada para cada uno de ellos. La Asamblea General debe centrarse en las necesidades de las familias de Pensilvania en lugar de dictar una atención sanitaria "de talla única"."
"Con los proveedores de la Commonwealth ahora viendo una mayoría de los pacientes de más allá de las fronteras estatales, los residentes de Pensilvania se ven obligados a prolongar la atención y buscar atención en otros lugares", dijo el copresidente WHC Rep. Morgan Cephas (D-Filadelfia). "Como era de esperar, un Post Roe PA está dando lugar a graves repercusiones para los residentes de todo nuestro estado dejándonos en un lugar crucial donde proteger y ampliar el acceso a la atención es más importante que nunca. Estoy agradecido a nuestros defensores y proveedores que están en la primera línea en este trabajo y entender la urgencia que debemos mantener en Harrisburg para proteger los derechos de los residentes de Pennsylvania hoy y más allá."
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26 de julio de 2022
Filadelfia - 26 de julio de 2022 - Hoy, el Caucus de Salud de la Mujer llevó a cabo su segunda audiencia conjunta con los Comités de Política Demócrata de la Cámara y el Senado sobre el acceso al aborto en Pensilvania después de Roe. La audiencia se celebró en el Centro Comunitario William Way y contó con el testimonio de la Dra. Aasta Mehta del Departamento de Salud de Filadelfia y Signe Espinoza, Directora Ejecutiva de Planned Parenthood Pennsylvania Advocates, Céshia Elmore, Organizadora Comunitaria de New Voices for Reproductive Justice, y la Dra. Sarah Gutman de la Universidad de Medicina de Pennsylvania.
La copresidenta de la WHC, la representante Morgan Cephas, pronunció el discurso de apertura de la audiencia y destacó la amenaza que se cierne sobre el acceso al aborto en Pensilvania. Ella dijo que la audiencia de hoy se trataba de entender cómo el acceso al aborto puede ser protegido y ampliado en Pennsylvania.
"Tenemos un Caucus Republicano en Harrisburg que está buscando prohibir el aborto en toda la Commonwealth tan rápido como puedan", dijo el Rep. Cephas. "Eso va a requerir que nos mantengamos firmes y nos centremos en la información objetiva sobre cómo la limitación del acceso al aborto aumenta continuamente los riesgos para la salud de las madres y las personas que dan a luz."
"La decisión del Tribunal Supremo sobre el aborto ha creado confusión para las personas capaces de embarazo en todo el país", dijo WHC copresidente Rep. Mary Jo Daley. "Es importante que los residentes de Pensilvania sepan que la atención del aborto sigue siendo segura y legal y que nuestras puertas están abiertas para que las personas que necesitan un aborto vengan a nuestro estado". La segunda audiencia de política en Pennsylvania post-Roe reúne a proveedores de servicios de salud y defensores de las personas embarazadas para discutir el futuro de la atención del aborto en Pennsylvania."
"El aborto sigue siendo seguro y legal en Pensilvania, pero nos queda mucho trabajo por hacer para ampliar el acceso a la atención sanitaria reproductiva en la Commonwealth", dijo la copresidenta del WHC, la senadora Amanda Cappelletti. "Muchas mujeres y personas en edad fértil ya se enfrentan a barreras cuando se trata de acceder a la atención sanitaria, como los desiertos de atención sanitaria de maternidad y los cierres de hospitales, y el acceso a la atención del aborto sigue siendo inaccesible para muchas personas en toda la Commonwealth. Debemos proteger el derecho a la autonomía corporal y proporcionar una mayor accesibilidad."
"Estas audiencias son sólo una manera de seguir manteniendo este tema frente y al centro", dijo el copresidente WHC senador Judy Schwank. "Es importante que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para comunicar cuál es la situación actual del acceso al aborto en Pensilvania y hacia dónde nos dirigimos si la gente no se compromete. El testimonio que hemos escuchado hasta ahora deja claro que despojar a los residentes de Pensilvania del acceso al aborto no es lo mejor para esta mancomunidad."
La primera audiencia posterior a Roe Pennsylvania tuvo lugar el 19 de julio en Harrisburg y contó con el testimonio de la médica general en funciones de Pennsylvania, Denise Johnson. La próxima audiencia tendrá lugar en Pittsburgh el 11 de agosto.
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Testimonio
- Dra. Aasta Mehta, MD, MPP, ginecóloga y obstetra, responsable médica de salud de la mujer, Departamento de Salud Pública de Filadelfia
- Ceshia Elmore, Nuevas Voces para la Justicia Reproductiva
- Signe Espinoza, Directora Ejecutiva, Planned Parenthood Pennsylvania Advocates
- Dra. Sarah Gutman, MD, MSPH, Ginecología y Obstetricia y Medicina Familiar Compleja, Especialista, UPenn Medicine
- Saleemah McNeil, Directora General de Oshun Family Center
6 de diciembre de 2021
READING, 6 de diciembre de 2021 - La senadora estatal Katie Muth (D- Berks/Chester/Montgomery), presidenta del Comité de Política Demócrata del Senado de Pensilvania, se unió hoy a las senadoras Judy Schwank y Christine Tartaglione para organizar una audiencia pública sobre la evaluación y mejora de los centros de tratamiento de drogas en Pensilvania.
"Las alarmantes tasas de abuso de sustancias y sobredosis de drogas se han magnificado a lo largo de la pandemia de COVID-19. Y cuando las personas y sus familias piden ayuda y buscan tratamiento, no disponen de los recursos y la información necesarios para tomar una decisión informada sobre los centros de tratamiento. Las familias de Pensilvania se merecen algo mejor", afirmó el senador Muth. "La audiencia política de hoy permitió a nuestro Comité escuchar a las familias que han perdido trágicamente a sus seres queridos a causa de la adicción, y también nos dio la oportunidad de discutir posibles soluciones legislativas y cambios de política que pueden mejorar el proceso de evaluación y los resultados del tratamiento de los centros de tratamiento de drogas de Pennsylvania. Los datos de las encuestas sobre los resultados de los pacientes deberían guiar los planes de tratamiento, no las compañías de seguros que a menudo deniegan la cobertura de los cuidados necesarios para una recuperación satisfactoria."
Pensilvania tiene una de las tasas más altas de sobredosis de drogas del país y las muertes por sobredosis de drogas han aumentado en 46 de los 67 condados de Pensilvania durante la pandemia de COVID-19. El Centro Nacional de Estadísticas de Salud del Centro de Control de Enfermedades indicó que hubo más de 100.000 muertes por sobredosis de drogas en los Estados Unidos durante el período de 12 meses que finalizó en abril de 2021, un aumento del 28,5% con respecto al año anterior.
"Debemos replantearnos nuestro enfoque para abordar adecuadamente la actual epidemia de opiáceos, y una forma de hacerlo es fijarnos en los centros de tratamiento de la drogadicción. Las personas que dan el paso crucial de buscar tratamiento para la adicción necesitan tener acceso a toda la información que necesitan para tomar la decisión correcta para sus circunstancias particulares", dijo Schwank. "Esta audiencia nos ha brindado la oportunidad de aprender directamente de las personas afectadas por la adicción, de los proveedores de tratamiento y de los reguladores estatales. Nos dará la oportunidad de comprender mejor qué factores hacen que el tratamiento farmacológico sea más eficaz."
El senador Schwank ha presentado dos proyectos de ley - Proyecto de Ley del Senado 975 y Proyecto de Ley del Senado 976 - para hacer frente a los problemas con los centros de tratamiento de drogas de Pennsylvania y hogares de recuperación. Proyecto de ley del Senado 975 requeriría que el Departamento de Programas de Drogas y Alcohol de Pensilvania (DDAP) para distribuir una encuesta anual a todos los centros de tratamiento de trastornos por uso de sustancias y hogares de recuperación que operan en PA, registro, y publicar en línea para el acceso público las respuestas proporcionadas por los centros de tratamiento y hogares de recuperación. El proyecto de ley 976 del Senado prohibiría a cualquier centro de tratamiento de Pensilvania negarse a admitir a cualquier persona que se presente en un centro de tratamiento solicitando servicios médicos o psicológicos para tratar un trastorno por consumo de sustancias, incluso si la persona se encuentra bajo los efectos de las drogas o el alcohol en el momento en que se presenta. También prohibiría a cualquier compañía de seguros médicos que opere en Pensilvania negarse a cubrir la admisión y la prestación de servicios médicos y psicológicos.
"Hoy ha sido un paso crucial para abordar la crisis que es la adicción, y el fracaso del tratamiento que la rodea", dijo Tartaglione. "Los cambios demográficos de la adicción y las sobredosis nos muestran que no hay comunidad en esta mancomunidad que no haya sido tocada por su devastación, desde Erie a Philly y Allentown a Pittsburgh, los demócratas del Senado de PA se dedican a mejorar y ampliar los servicios de tratamiento de la adicción ofrecidos."
La Comisión de Política Demócrata del Senado escuchó a varios panelistas en el Reading Area Community College, entre los que se encontraban representantes de la Opioid Crisis Action Network, el Self-Help Movement, la Caron Foundation, el Council on Chemical Abuse y el Pennsylvania Department of Drug and Alcohol Programs.
Todos los testimonios presentados en la audiencia de hoy y el vídeo completo están disponibles en SenatorMuth.com/Policy
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Testimonio
Panel 1: Personas afectadas
Panel 2: Proveedores de asistencia
Panel 3: Soluciones políticas
4 de noviembre de 2021
HARRISBURG, 4 de noviembre de 2021 - La senadora estatal Katie Muth (D- Berks/Chester/Montgomery), presidenta del Comité de Política Demócrata del Senado de Pensilvania, se unió hoy a los senadores estatales Sharif Street (D-Filadelfia), Anthony Williams (D-Filadelfia/Delaware) y Judy Schwank (D-Berks) para organizar una audiencia pública virtual sobre la necesidad de poner fin a la libertad condicional de por vida en Pensilvania.
"Estamos gastando demasiados recursos como estado en el seguimiento de violaciones no violentas y técnicas de la libertad condicional en lugar de centrar nuestros esfuerzos en mejorar y ampliar los programas de reinserción y los recursos para asegurar que aquellos que han cumplido su condena tengan la oportunidad de prosperar y tener éxito", dijo Muth. "Tenemos que poner fin al castigo ineficaz del ciclo de prisión y libertad condicional. Las investigaciones demuestran que las condenas a cadena perpetua en libertad condicional no mejoran la seguridad pública ni disminuyen la delincuencia. Nuestro estado tiene el mayor número de personas en libertad condicional y la mayor tasa de supervisión de la libertad condicional en el país. Los contribuyentes de Pensilvania están pagando por este inútil mecanismo de control indefinido que impacta negativamente en las vidas de personas que están tratando de establecer sus vidas de una manera positiva y productiva."
El Comité de Política Democrática del Senado escuchó el apoyo de los testigos para la legislación redactada que propone poner fin a las sentencias de libertad condicional de por vida en Pennsylvania. La propuesta de Sunset de Libertad Condicional y Libertad Condicional Ley limitaría las penas de libertad condicional a seis años y permitir una vía para una reducción de esa sentencia a tres años mediante la creación de un sistema para reducir la duración de una sentencia de libertad condicional por 30 días por cada 30 días que la persona va sin una violación de la libertad condicional.
"Pensilvania tiene demasiadas personas bajo supervisión, estamos a la cabeza del país en este aspecto. La supervisión masiva y el encarcelamiento masivo están inextricablemente vinculados. La libertad condicional y la libertad bajo palabra tenían por objeto reducir el número de personas que encarcelamos. Pero dados los abusos y la forma en que ha evolucionado el sistema, ahora está alimentando el encarcelamiento masivo", dijo Street. "Aprecio la humanidad de los testigos y defensores de hoy por presentar ideas en torno a la política para solucionar esto. Es un imperativo moral que no encarcelemos ni supervisemos en exceso. También es un imperativo fiscal que el gobierno administre bien el dinero de los contribuyentes. En última instancia, las personas a las que pagamos por hacer este trabajo tendrán una vida más plena, al igual que las que están bajo supervisión constante".
En la audiencia participaron tres residentes de Pensilvania afectados por la libertad condicional: Megan French-Marceilin, Color of Change; Reuben Jones, Dignity and Power Now; Insha Rahman, Vera Institute for Justice; y Nicole Porter, Sentencing Project.
"Es inaceptable que los miembros de nuestras comunidades, que han cumplido el tiempo asignado para los delitos por los que fueron condenados, se enfrenten a una interminable sentencia de libertad condicional tras su puesta en libertad. Esto no hace que nuestras comunidades sean más seguras ni reduce la reincidencia, sino exactamente lo contrario. Permite que personas inocentes vuelvan a la cárcel por violar técnicamente las condiciones de su libertad condicional, pero sin cometer nuevos delitos", añadió Williams. "Esto no es justicia, y debemos poner fin a esta práctica sistémicamente injusta que da lugar a una costosa e indebida puerta giratoria desde nuestras comunidades de vuelta al sistema penitenciario".
Según un informe de Human Rights Watch, Pensilvania tiene la tasa más alta de libertad condicional del país, y en 2016, más personas fueron enviadas a centros correccionales estatales por violaciones de la libertad condicional que por cualquier otro delito.
"Como muchos estados, Pensilvania no ha dado los pasos necesarios para mejorar la equidad de nuestro sistema de justicia penal. Cada vez más, la gente empieza a darse cuenta de que encerrar a la gente no siempre es la mejor respuesta a los problemas de la sociedad. Lo que podemos hacer es invertir en las personas y ofrecer a todos la oportunidad de corregir sus errores y desarrollar todo su potencial", declaró Schwank. "Este excelente grupo de testigos compartió de manera muy poderosa cómo podemos hacer esto en Pensilvania y por qué es importante que actuemos ahora".
Según la Prison Policy Initiative, aproximadamente dieciséis estados han abolido o reducido la libertad condicional discrecional. La mayoría de los estados tienen desde un sistema de libertad condicional presunta -cuando se cumplen determinadas condiciones, la libertad condicional está garantizada- hasta políticas y prácticas que dificultan enormemente la obtención de la libertad.
"El testimonio escuchado esta mañana pone en evidencia el diseño oneroso y cruel del actual sistema de libertad condicional - un sistema que está funcionando precisamente como fue diseñado para extender el castigo carcelario a través de grilletes invisibles", dijo Megan French-Marcelin, PhD, Directora de Campaña para la Justicia Penal de Color of Change. "Si supiéramos que más de la mitad de las personas en las prisiones estatales están allí por violaciones de la libertad condicional, podríamos reducir la población carcelaria a la mitad - acabando así con la separación familiar y fomentando la estabilidad socioeconómica de las familias y las comunidades."
Todos los testimonios presentados en la audiencia de hoy y el vídeo completo están disponibles en SenatorMuth.com/Policy
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Testimonio
Panel 1: Personas directamente afectadas condenadas a cadena perpetua
Panel 2: Política
Panel 3: Expertos nacionales
17 de mayo de 2021
Harrisburg - 17 de mayo de 2021 - A petición de los senadores estatales Judy Schwank (D-Berks) y Lindsey M. Williams (D-Allegheny), el Comité de Política Democrática del Senado de Pensilvania celebró una audiencia pública virtual sobre el impacto del plan de rediseño del sistema estatal de educación superior de Pensilvania (PASSHE).
"Formo parte de la Junta de Gobernadores de PASSHE, y a través de ese cargo he tenido la oportunidad de reunirme con estudiantes, profesores, presidentes de universidades y fideicomisarios de todos los campus", dijo Schwank. "Sé de primera mano lo importantes que son estas instituciones tanto para los estudiantes que asisten a ellas como para las comunidades en las que están ubicadas. El sistema es un activo innegable para la Commonwealth. Tengo la esperanza de que a través de un diálogo honesto y constructivo, mis colegas y yo aprenderemos más sobre el estado actual de PASSHE y el impacto que el plan de integración tendrá en todos los aspectos del sistema. Nuestra tarea como legisladores, y la de todas las partes interesadas, es conseguir un plan que ayude al sistema a sobrevivir y prosperar. Muchos ciudadanos de Pensilvania cuentan con nosotros para dar estabilidad al sistema y ponerlo en marcha para servir a generaciones de estudiantes."
PASSHE ha abogado por un rediseño del sistema desde su revisión estratégica en 2016. La revisión integral se llevó a cabo porque los desafíos fiscales dentro de la red de 14 miembros de PASSHE mostraron que el curso financiero actual en el que se encontraban era insostenible.
La Ley 50 de 2020 proporciona la autoridad y la orientación para que la Junta de Gobernadores del PASSHE reestructure las instituciones del PASSHE.
"En los últimos meses, hemos escuchado al canciller Greenstein hablar de su propuesta de plan de rediseño, pero una de las cosas que faltan en esas conversaciones han sido las voces de los más directamente afectados por estos cambios: nuestros estudiantes, profesores y personal", dijo el senador Williams. "Nuestras escuelas del sistema estatal están destinadas a hacer un título universitario asequible para los estudiantes de Pensilvania, especialmente para nuestras minorías y los estudiantes de primera generación y en este momento, no estamos cumpliendo esa misión. Sigo teniendo preguntas y preocupaciones sobre el plan de consolidación propuesto y si va a proporcionar el tipo de alivio que nuestro sistema estatal en dificultades y nuestros estudiantes necesitan desesperadamente."
La Dra. Jamie Martin, Presidenta de APSCUF, afirmó que la consolidación de universidades en la región occidental (California, Clarion y Edinboro) y en la región nororiental (Bloomsburg, Lock Haven y Mansfield) son motivo de gran preocupación para ella y para los miembros de su sindicato de profesores.
"Las preocupaciones que tenemos para nuestros estudiantes van desde preguntas sobre la disponibilidad de cursos, especialmente las oportunidades de clases presenciales, y la forma en que se lograrán las reducciones de precios del 25% descritas en los planes", dijo Martin.
Ross Brumagin, presidente de AFSCME Local 2329 y electricista de alta tensión de la Universidad de Edinboro, dijo que le preocupaba que el actual plan de rediseño no diera prioridad al mantenimiento de los puestos de trabajo.
"Llevamos una década perdiendo constantemente puestos representados por AFSCME. Teníamos 231 puestos en 2011, 217 en 2015 y ahora solo tenemos 125. Acabamos de sufrir despidos en noviembre de 2020 debido a la llamada política de "sostenibilidad financiera" de PASSHE. Y encima proponen integrar Edinboro con las universidades de Clarion y California bajo el paraguas de una universidad acreditada, y eliminar aún más puestos de trabajo", dijo Brumagin.
Shawn O'Dell, presidenta de AFSCME Local 2360 y empleada y licenciada de la Lock Haven University, dijo que le preocupa que su título acabe siendo de una universidad no acreditada si continúan los planes de consolidación.
Cameron O'Neill, estudiante junior de la Universidad de Bloomsburg y miembro del Honors College, dio testimonio de su experiencia como estudiante actual y de los retos a los que ella y sus compañeros se han enfrentado como resultado del aprendizaje en línea durante la pandemia del COVID-19. Afirmó que esta experiencia les ha hecho sentir aún más aprensión ante los planes de consolidación propuestos, que se basan en gran medida en modelos híbridos de educación en línea y presencial. O'Neill también expresó su preocupación por lo que consideró una falta de divulgación entre los estudiantes actuales sobre el proceso de consolidación y rediseño, y si estaban a favor o no de este plan.
"Puedo confirmar que lo único que he recibido (y rellenado) en relación con nuestras necesidades era una encuesta en la que se pedía el nombre de las escuelas consolidadas. No había ninguna opción en esa encuesta que preguntara si pensábamos que era una buena idea", dijo O'Neill.
El Dr. Marc Stier, Director del Pennsylvania Budget & Policy Center, dijo en su testimonio con respecto a la experiencia de los estudiantes que la disminución de la asistencia a las escuelas PASSHE no es necesariamente el resultado de los cambios demográficos, sino el hecho de que los precios en estas instituciones han aumentado drásticamente.
"Las matrículas han aumentado drásticamente en las escuelas PASSHE a medida que la financiación estatal ha disminuido precipitadamente. La financiación estatal es ahora sólo el 38% del nivel de 1983-1984. El estado ocupa el puesto 47 de 50 estados en inversión per cápita en educación superior. A medida que el Estado ha disminuido, la parte de los costes que corresponde a los estudiantes ha aumentado drásticamente", dijo Stier.
La Dra. Dale-Elizabeth Pehrsson, Presidenta de la Universidad de Clarion y Presidenta interina de la Universidad de Edinboro, declaró en la audiencia por qué PASSHE considera que el rediseño y la consolidación son necesarios: "Vemos la integración como el siguiente paso en esta evolución, un paso que conlleva incertidumbres inevitables, pero que también es necesario para garantizar que podemos seguir sirviendo a nuestra misión y a los estudiantes que son su núcleo."
"La integración permitirá a estas tres instituciones hermanas del oeste de Pensilvania aprovechar sus puntos fuertes colectivos y ofrecer a los estudiantes una gran cantidad de oportunidades que no se encuentran en ninguna institución por separado", prosiguió Pehrsson.
El Dr. Dan Greenstein, Canciller de PASSHE, también participó en la audiencia de hoy y respondió a las críticas de que el proceso de rediseño no ha sido transparente ni ha estado centrado en los estudiantes. Dijo que estaba agradecido por la retroalimentación que ha escuchado hoy y de la periodo de comentarios públicos disponible aún en curso en el proceso de rediseño del PASSHE.
En respuesta a las preguntas sobre por qué este proceso lo que ocurre ahora y por qué no podría esperar un período de tiempo más largo, Greenstein dijo: "Al no abordar estos problemas y seguir empujándolos por el camino hacemos que las desigualdades dentro de nuestro sistema peor."
Greenstein afirmó que, basándose en las predicciones financieras de los últimos 10 años, las tendencias de lo que les ocurrirá a las universidades si no se hace nada son claras, y acabarán quedándose sin fondos para funcionar con éxito.
"Como alguien con una deuda estudiantil significativa después de obtener un título de postgrado, sé lo importante que es para los residentes de Pensilvania tener acceso a una educación superior de calidad y asequible. Estoy muy agradecido por todos los que se unieron a nosotros en esta audiencia de hoy para seguir discutiendo las mejores opciones para crear un sistema estatal de Pensilvania de la educación superior que da prioridad a los estudiantes, profesores y las comunidades que albergan las instituciones educativas de Pensilvania", dijo el senador Katie Muth (D- Berks / Chester / Montgomery), presidente del Comité de Política Demócrata del Senado.
A continuación figuran todos los participantes en la audiencia de hoy:
- Dr. Jamie Martin, Presidente de APSCUF
- Cameron O'Neill, Junior en la Universidad de Bloomsburg (Honors College)
- Justina Arena, Junior en la Universidad de California
- Ross Brumagin, Presidente AFSCME Local 2329, Electricista de Alta Tensión de la Universidad de Edinboro
- Shawn O'Dell, Presidente AFSCME Local 2360, Lock Haven University Clerk Typist 3
- Dr. Marc Stier, Director, Pennsylvania Budget & Policy Center
- Dr. Dan Greenstein, Canciller
- Aaron Walton, Presidente, Universidad de Cheyney
- Dra. Dale-Elizabeth Pehrsson, Presidenta de la Universidad Clarion y Presidenta interina de la Universidad Edinboro
- Mia Swales, administradora estudiantil, Lock Haven University
La grabación completa de esta mesa redonda, así como los testimonios escritos de los participantes, pueden consultarse en senatormuth.com/policy. Una grabación completa de esta audiencia también se puede encontrar en el página de Facebook de los demócratas del Senado de Pensilvania.
April 30, 2021
Harrisburg – April 30, 2021 – At the request of Pennsylvania State Senators Judy Schwank (D- Berks), Tina Tartaglione (D- Philadelphia), and Sharif Street (D- Philadelphia), the Senate Democratic Policy Committee held a virtual policy hearing to discuss the issue of food insecurity in Pennsylvania.
“The pandemic has exposed many issues over the last year, but perhaps most striking of all is the issue of food insecurity,” Schwank said. “I know few of us will forget seeing the long lines of families waiting for food assistance. Today we learned how our local food banks met the extraordinary challenge of feeding our communities and what we need to consider moving forward as the issue of food insecurity is far from solved.”
Pennsylvania Secretary of Agriculture Russell Redding said that reports compiled by the organization Feeding America show that the number of Pennsylvanians facing food insecurity in 2020 grew substantially to 1.77 million individuals, an increase of 30 percent. The number of children in Pennsylvania facing food insecurity rose to 537,080, an increase of nearly 40 percent in just one year.
“Food Insecurity is defined as the lack of access to enough food for a healthy and active life and at its core equals hunger. Across the Commonwealth of Pennsylvania, it is estimated that 11% of the population is food insecure with the highest percentage right here in Philadelphia county,” Dixie James, President and COO of Einstein Healthcare Network, said.
Second Lady of Pennsylvania, Gisele Fetterman, also testified at the hearing about her work to address food insecurity through Free Store 15104 and 412 Food Rescue.
“My work exists because of failures in policy,” Fetterman said.
She said that making a state law to prevent perfectly good food from going to waste, as numerous other states have done, would help to address food insecurity by redirecting resources, and also addressing the environmental impact of discarding perfectly good food that could otherwise feed populations.
“We know it is not a lack of food, it is how food gets distributed,” Dr. Kathy Reeves, Senior Associate Dean of Health Equity, Diversity & Inclusion and Director at the Center for Urban Bioethics and Professor of Pediatrics Lewis Katz School of Medicine at Temple University, said.
Dr. Reeves also advocated in her testimony to treat food as a prescription to address the overall health of Pennsylvanians.
“Food insecurity is intertwined with so many of Pennsylvania’s chronic ills, problems like poverty and health disparities that have been exacerbated by the lingering coronavirus pandemic,” Senator Tartaglione said. “This thorough conversation is imperative as we seek to make nutrition universally accessible in the Commonwealth.”
Loree Jones, CEO of Philabundance which serves five counties in Pennsylvania, said that 40 percent of the 60 percent increase Philabundance has seen in need this past year were people using the emergency food system for the first time. She said that Feeding America is projecting that nationally more than 42 million people, including 13 million children, may experience food insecurity due to COVID-19.
Secretary Redding said that additional funding to provide food in the pandemic has come from both federal and state resources, providing additional funding for United States Department of Agriculture (USDA) foods purchases through The Emergency Food Assistance Program (TEFAP). As of April 17, 2021, food banks in Pennsylvania report having distributed in excess of 2.4 million of these food boxes, weighing more than 51.5 million pounds.
“The lessons learned over this past year have provided us a fresh lens to look at our grant programs to ensure they are equitable and meeting the needs of those we serve. The gaps in the system have been highlighted such as meat processing delays and lack of access to fresh foods. We will continue to enhance our current programs and investigate additional ways to address these needs,” Sec. Redding said. “Additionally, expanding broadband access throughout the commonwealth will assist in providing equal access to resources and e-commerce platforms.”
Scott Cawthern, Acting Deputy Secretary for the Office of Income Maintenance at the PA Dept. of Human Services, also testified about the work that the Dept. of Human Services did in expanding services during the COVID-19 pandemic, and how increased and continued investment in these programs will address food insecurity and improve long-term health outcomes for Pennsylvanians.
“On the state level, we would like to see more coordination between all the food 9 systems in the state including the Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children (WIC), SNAP, NSLP, and others to ensure that eligible families are receiving all the food assistance for which they qualify and to ensure that children and families receive the nutrition supports as they grow,” Cawthern said.
Jay Worrall, President of Helping Harvest Food Bank, testified to the importance of community partners in the distribution of food and resources to families and how increasing funding for its signature food insecurity programs, the State Food Purchase Program (SFPP), and the Pennsylvania Agricultural Surplus System (PASS), and increase the flexibility for how those funds can be expended would assist even more Pennsylvanians in need.
“Unfortunately, many Pennsylvanians have been and still are struggling to meet their basic needs. Working families across our state face countless situations, such as jobs paying only poverty wages due to wealth inequality and corporate greed, food deserts, unexpected bills for car maintenance or medical treatment, layoffs, and now a global pandemic, all of which cause temporary or permanent financial instability, food insecurity and hunger. Pennsylvania food insecurity rates have increased from 11.1% in 2018 to over 33% as of March 2020. According to the PA Department of Agriculture, before the COVID-19 pandemic, more than 1.53 million Pennsylvanians endured chronic hunger every day, including 478,500 older Pennsylvanians and about 437,000 children,” Sen. Katie Muth (D- Berks/Chester/Montgomery), chair of the Senate Democratic Policy Committee, said. “Food insecurity makes it impossible to survive let alone thrive. Every human should have guaranteed access to reliable and nutritious meals. We need to act urgently to end food insecurity in Pennsylvania and across our nation.”
A continuación figuran todos los participantes en la audiencia de hoy:
- Dixie James, President & COO, Einstein Healthcare Network
- Gisele Fetterman, Second Lady of Pennsylvania
- Secretary Russell Redding, PA Department of Agriculture
- Scott Cawthern, Acting Deputy Secretary for the Office of Income Maintenance at the PA Dept. of Human Services
- Dr. Kathy Reeves, MD. FAAP, Senior Associate Dean, Health Equity, Diversity & Inclusion Director, Center for Urban Bioethics – Professor, Pediatrics Lewis Katz School of Medicine, Temple University
- Andy Toy, Development and Communications Director, SEAMAAC
- Tyler Ray, Neighborhood Community Organizer, Urban Creators
- Maddy Booth, COO, Vetri Community Partnership
- Mark Edwards, President & CEO, Food Trust
- Loree Jones, CEO, Philabundance
- Jay Worrall, President, Helping Harvest Food Bank
The full recording of this roundtable, as well as the written testimony from participants, can be found at senatormuth.com/policy. A full recording of this hearing can also be found on the PA Senate Democratic Facebook page.
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February 10, 2021
Harrisburg, PA − February 10, 2020 − Today, the Pennsylvania Women’s Health Caucus (WHC) hosted a Joint Policy Hearing with the PA House and Senate Democratic Policy Committees on the topic of Maternal Health Amidst COVID-19. Co-Chairs of the WHC include Senator Judy Schwank (D-Berks), Senator Amanda M. Cappelletti (D-Montgomery, Delaware), Representative Morgan Cephas (D-Philadelphia) and Representative Mary Jo Daley (D-Narberth).
“Today’s policy hearing on maternal health amidst COVID-19 was incredibly informative. This was a broad discussion about maternal mortality and its prevalence in black women; COVID vaccines; telemedicine and other innovative tools for patients to keep in touch with their health care providers; and the impact of quarantine on pregnant and postpartum individuals,” said Representative Mary Jo Daley. “In Pennsylvania, we are so fortunate to have health care practitioners including physicians, nurse-midwives and psychologists as well as lactation consultants and doulas who provide services during the pregnancy and postpartum time. The need for legislative action on policies that support pregnant women and their families was discussed by the panelists, most of whom have direct interaction with pregnant women, their families, and their support systems.”
Since the onset of the pandemic, the Pennsylvania Department of Health has cautioned pregnant women to take preventative measures in avoiding exposure to COVID-19, as they are considered to be at greater risk of becoming seriously ill if infected with the virus, including possible adverse birth outcomes. A study conducted by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) indicates pregnant women are more likely to be hospitalized in the intensive care unit and receive mechanical ventilation than non-pregnant women, but they are not at greater risk of death from COVID-19 than non-pregnant women (American Hospital Association, 2020).
“Today’s hearing proved once again how important it is to listen to women, and that we need to focus on inclusion and diversity,” Senator Judy Schwank said. “Some of the suggestions we heard today could literally save lives if we’re able to implement them through policy change or legislation. For example, several of our experts mentioned ensuring pregnant patients have access to monitoring equipment, like an at-home blood pressure cuff, to catch potentially life-ending health problems early. We’ve asked the experts for their advice and they’ve absolutely risen to that challenge. Now my colleagues and I must take this torch and keep this momentum going.”
Policy recommendations from our panelists included eliminating barriers to healthcare access, expanding broadband access for telemedicine, and expanding postpartum Medicaid coverage to one year.
“As co-chair for the Women’s Health Caucus and a newly appointed member of the Pennsylvania Commission for Women, it is imperative for me to ensure that conversations on maternal health continue to be elevated. Testifiers from today’s hearing helped us to understand the impacts of COVID19 on pregnant individuals, mothers, and the healthcare system, but also reiterated much of what we already knew. I look forward to working alongside my colleagues in the House and Senate to take what we discussed in today’s hearing and turn it into substantial reforms that improve maternal health outcomes across the commonwealth,” said Representative Cephas.
The panels covered diverse topics relative to maternal health, including Maternal Care During COVID-19, Vaccines & Pregnancy, Telemedicine, Prenatal Care, & Labor & Delivery, the COVID-19 Vaccine, and the Impact of Quarantine on Pregnant & Postpartum Individuals.
“Today’s policy hearing highlighted the struggle pregnant and nursing people faced prior to the pandemic and how that struggle has increased exponentially since the pandemic. As policymakers, we must take what we heard today and continue to fight for the support and programs pregnant and nursing people need for them and their families to thrive. One vital aspect to that is access to the COVID-19 vaccine,” said Senator Cappelletti. “We must provide pregnant and nursing individuals with scientifically valid, trustworthy, and easy to access information about how it may or may not affect their health and the health of their child.”
As a caucus, we would like to thank our panelists, and everyone who participated in and coordinated today’s hearing. We will continue this conversation far past today and continue to hold important discussions on Women’s Health issues. Our caucus is committed to advocating for the health of women and families across the Commonwealth.
Below are all who testified in today’s hearing:
- Dr. Mark Woodland, M.S., M.D., FACOG, Chair & Clinical Professor OB-GYN, Reading Hospital/Tower Health, Interim Academic Chair, OBGYN Drexel University College of Medicine
- Dr. Hyagriv “Hy” Simhan, UPMC Magee-Women’s Hospital, Division Chief of Maternal Fetal Medicine
- Dr. Richard Beigi, UPMC Magee-Women’s Hospital, President, OB-GYN
- Dr. Aasta Mehta , M.D., M.P.P., FACOG – Philadelphia MMRC, Philadelphia Dept of Health, PA MMRC
- Dr. Sindhu Srivinas , Director of Obstetrical Services – UPenn/Penn Medicine
- Nicole Chaney, Certified Nurse-Midwife, Reading Hospital
- Markita Glenn, Doula, Pettaway Pursuit Foundation
- Dr. Elizabeth Morgan, Maternal Fetal Health Specialist, Baystate Health
- Dr. Richard S. Legro, M.D, Chair, Department of Obstetrics and Gynecology, Professor of Obstetrics and Gynecology and Public Health Sciences, Penn State Health College of Medicine and Penn State Health
- Dr. Catharine I. Paules, M.D., Assistant Professor, Infectious Diseases, Penn State Health College of Medicine and Penn State Health
- Dr. Rhonda C. Boyd, Ph.D., Psychologist in the Department of Child and Adolescent Psychiatry and Behavioral Sciences at The Children’s Hospital of Philadelphia
- Demia Horsley, M.P.H., CLC (DONA), LCCE, Director of Strategic Initiatives, Healthy Start, Inc.
The full recording of today’s hearing will be available at: https://www.senatormuth.com/policy/
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12 de agosto de 2020
Harrisburg - 12 de agosto de 2020 - A petición de la senadora estatal Judy Schwank (demócrata de Berks) y de las representantes estatales Morgan Cephas (demócrata de Filadelfia) y Mary Jo Daley (demócrata de Montgomery), la Comisión de Política Demócrata del Senado ha celebrado hoy una audiencia pública virtual conjunta con la Comisión de Política Demócrata de la Cámara de Representantes sobre la mortalidad materna durante la pandemia de COVID-19. Legisladores y expertos en la materia debatieron sobre las respuestas innovadoras a la mortalidad materna antes y durante la pandemia de coronavirus, que supuso una carga única para el sistema sanitario general y los servicios tradicionales.
"Las crecientes tasas de mortalidad materna en Estados Unidos ya eran muy preocupantes antes de que se produjera la pandemia de coronavirus, pero mientras seguimos luchando contra la propagación del COVID-19, tenemos que asegurarnos de que continuamos trabajando en favor de políticas que ofrezcan a las nuevas madres y a sus bebés los resultados más saludables posibles", declaró Schwank. "Nuestro sistema sanitario no sólo debe seguir preparándose para los efectos del COVID-19, sino que también debe seguir vigilante para asegurarse de que las embarazadas y las nuevas madres reciben el mejor tratamiento y los mejores cuidados posibles."
La senadora Lisa Boscola (demócrata de Lehigh/Northampton), presidenta del Comité de Política Demócrata del Senado, prosiguió: "Hemos dedicado mucho tiempo durante esta pandemia a debatir las mejores formas de proteger a tantos segmentos diferentes de la sociedad. La mortalidad materna no es sólo un problema de las mujeres, sino que afecta a la unidad familiar en su conjunto. Hoy hemos tenido la oportunidad de debatir las mejores formas de proteger a las madres y a sus bebés en sus momentos más vulnerables. Esta conversación pendiente, y las soluciones prácticas que de ella han surgido, salvarán vidas".
Según la Harvard Business Review, las mujeres de Estados Unidos tienen el mayor riesgo de morir por complicaciones en el embarazo entre 11 países de ingresos altos. De 1991 a 2014, la mortalidad materna en Estados Unidos aumentó de 10,3 por 100.000 nacidos vivos a 23,8 por 100.000 nacidos vivos.
"La pandemia de COVID-19 ha pillado por sorpresa a nuestras comunidades, tanto en lo que respecta a la salud como a las secuelas económicas. A medida que seguimos analizando la cuestión de la mortalidad materna, debemos unirnos para examinar las formas en que podemos conseguir más financiación y desarrollar políticas que se traduzcan en mejores resultados sanitarios para todas las madres, de modo que puedan prosperar y cuidar de sus familias", declaró Cephas. "Mientras este virus hace estragos, estoy deseando escuchar a los expertos para que podamos informar mejor a los líderes de todos los sectores y garantizar que nuestro futuro sea más brillante que nuestro pasado".
Daley continuó: "Pensilvania tiene una tasa de morbilidad materna alarmante, y la pandemia está poniendo de relieve las barreras y la desigualdad en la atención. Agradezco a los expertos que se han unido hoy a nosotros para debatir las mejores prácticas para proteger a nuestras madres y recién nacidos, y espero que éstas se conviertan en políticas de ámbito estatal."
La secretaria de Salud de Pensilvania, la Dra. Rachel Levine, dijo en 2019 que casi 700 mujeres mueren por complicaciones relacionadas con el embarazo cada año en Estados Unidos, y más de la mitad de esas muertes son prevenibles. Agregó que las mujeres negras enfrentan casi el doble de las tasas de mortalidad materna en comparación con la población general.
"La tasa de mortalidad materna de un país suele utilizarse para medir la eficacia global del sistema de prestación de asistencia sanitaria mediante la evaluación de la atención médica general. Es necesario tener esto en cuenta cuando se manifiestan crisis como la pandemia de COVID-19", declaró la Dra. Aasta Mehta, responsable médica de salud de la mujer, División de Salud Materna, Infantil y Familiar del Departamento de Salud Pública de Filadelfia.
"Cuando se trata de desmantelar el racismo en nuestras instituciones y dentro del sistema sanitario estadounidense, el sesgo implícito es un factor impulsor sobre el que debemos llamar la atención y al que debemos hacer frente", afirmó Zahada Gillette-Pierce, formadora de la organización de salud sexual y reproductiva AccessMatters. "El sesgo implícito se manifiesta a menudo en los entornos sanitarios cuando los proveedores de atención sanitaria no reconocen el dolor, cuando restringen las prácticas culturales tradicionales de parto o, en última instancia, asumen un papel jerárquico en la toma de decisiones debido a los estereotipos que tienen o a sesgos profundamente arraigados."
Aunque no se ha demostrado que el COVID-19 sea más peligroso para las madres embarazadas que para las que no lo están, se ha producido un cambio significativo en los procedimientos de parto en casi todos los hospitales del país. Las futuras madres no sólo tienen que llevar una mascarilla durante toda su estancia en el hospital, sino que también se les ha limitado la posibilidad de elegir a una sola persona para que las acompañe durante el parto y su estancia en el hospital. Esto ha hecho que las mujeres que han dado a luz durante la pandemia pierdan el apoyo en el parto de comadronas, doulas y otros especialistas que pueden aliviar el estrés del parto y reducir potencialmente los casos de mortalidad materna, según un artículo publicado por la Escuela de Salud Pública de Harvard, y del que se han hecho eco hoy los declarantes.
Nicole Chaney, enfermera matrona titulada del Centro de Partos de Reading, afirma: "El 22% de los condados de Pensilvania no tienen un hospital con unidad de maternidad".
Chaney no sólo aboga por la ampliación de la atención materna en todo el estado, sino que también dijo que la integración de la partería en más entornos médicos mejorar las experiencias de parto y la salud viene tanto para las mamás y los bebés, "Cuando valoramos la salud reproductiva como una sociedad, y proporcionar tantas opciones como sea posible para la experiencia de parto de la gente, los resultados mejorarán."
En la audiencia de hoy han testificado las siguientes personas:
- Aasta Mehta, MD, MPP, Responsable Médico de Salud de la Mujer, Departamento de Salud Pública de Filadelfia, División de Salud Materna, Infantil y Familiar
- Robert Ferguson, MPH, Director de Políticas, Jewish Healthcare Foundation
- Dr. Mark Woodland, Catedrático y Profesor Clínico de Ginecología y Obstetricia, Reading Hospital
- La'Tasha D. Mayes, Presidenta y Directora General, Nuevas Voces para la Justicia Reproductiva
- Nicole Chaney, CNM, Matrona, Centro de Nacimiento Reading
- Marianne Fray, Directora General de la Coalición de Atención a la Maternidad
- Emily C. McGahey, DM, MSN, CNM , Directora Clínica Asociada del Centro de Matronas para el Parto y la Salud de la Mujer, Copresidenta Legislativa Estatal del Colegio Americano de Enfermeras Matronas de Pensilvania.
- Sindhu Srinivas, MD, MSCE, Directora de Servicios Obstétricos, Vicepresidenta de Calidad y Seguridad del Departamento de Obstetricia y Ginecología, Cofundadora del Programa Heart Safe Motherhood, Penn Medicine
- Zahada Gillette-Pierce, Formadora, AccessMatters
- Kimberly Seals Allers, estratega de salud materna e infantil, fundadora de Irth app.
Entre los senadores que asistieron a esta audiencia figuran:
Jay Costa (D- Allegheny), Larry Farnese (D- Philadelphia), Katie Muth (D- Berks/Chester/Montgomery), Maria Collett (D- Bucks/Montgomery), Art Haywood (D- Philadelphia/Montgomery), y Lindsey Williams (D- Allegheny).
Entre los representantes que asistieron figuran:
Mike Sturla (D- Lancaster), Thomas Caltigirone (D- Berks), Mark Longietti (D- Mercer), Chris Sainato (D- Lawrence), Kevin Boyle (Philadelphia/Montgomery), Melissa Shusterman (D- Chester/Montgomery), Dan Frankel (D-Allegheny), Sara Innamorato (D-Allegheny), Joanna McClinton (D-Philadephia/Delaware), Wendy Ullman (D-Bucks), Mary Issacson (D-Filadelfia) y Joe Webster (D-Montgomery).
Los Comités de Política Demócrata del Senado y de la Cámara de Representantes han organizado una serie de audiencias relacionadas con COVID-19, incluyendo la reapertura de las escuelas, el impacto en los hogares de ancianos y veteranos, las interrupciones en la cadena de suministro de alimentos, el efecto desproporcionado de COVID-19 en la comunidad afroamericana, la financiación relacionada con la pandemia para los centros de cuidado infantil, y la garantía de que el equipo de protección y otros apoyos sean accesibles para todos los trabajadores de primera línea.
La grabación completa de esta audiencia, así como los enlaces a todas las audiencias anteriores, están disponibles en senatorboscola.com/policy.
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May 27, 2020
Harrisburg – May 27, 2020 – At the request of state Senators Judy Schwank (D – Berks) and Lindsey Williams (D – Allegheny), the Senate and House Democratic Policy Committees today held a virtual public hearing to discuss critical funding for childcare centers, pre-K, and Head Start programs; and their hard-working employees affected by the COVID-19 pandemic.
“The COVID-19 coronavirus pandemic has exposed the true struggle of working families to access quality childcare at all levels,” Schwank said. “As we ask these essential workers to put themselves on the frontlines of fighting this virus, they should have the peace of mind that their children have the highest quality of care and academic resources.”
Williams added, “Pre-pandemic, one of the most important issues we as a Commonwealth faced was access to quality, affordable childcare. Asking parents to return to work now without providing them quality childcare for their children is unthinkable. We need to pay providers the wages they deserve for keeping our children safe and educating them during such crucial development periods. A fair and just economic recovery for our workforce must include investing in childcare.”
Rep. Elizabeth Fiedler (D-Phila.) said, “Investing in childcare centers is investing in the next generation, our children. As a working mom with two young kids I know just how important it is to have great childcare right in the neighborhood, providing safe, reliable care. Childcare centers are places of learning, growing and nurturing for our children, and we need to do everything we can to support them so that when working parents are at work, their doors are open!”
Rep. Mary Jo Daley (D-Montgomery) added, “Balancing childcare and a job is one of the very real challenges that parents face in normal times. Considering the topsy-turvy world of COVID-19 and the economic necessity of getting people back to work, we must do everything we can to stabilize and support childcare centers so that our children and caregivers have a safe, healthy place to work and play.”
According to the Start Strong PA and Pre-K for PA campaigns, Pennsylvania could see the permanent closures of nearly one-third of its childcare centers due to this extended economic shut down.
Pennsylvania has received $106 million in funding to support childcare providers through the federal CARES Act, with $51 million already being allocated and in the process of being distributed to eligible certified childcare providers through regional Early Learning Resource Centers.
However, Schwank, Williams, Fiedler and Daley plan to introduce legislation to further assist childcare centers with administrative expenses, including payroll, and compensate for the loss of tuition payments from families. They also want to extend Pre-K and Head Start programs into the summer to mitigate early childhood learning losses for students.
“We need to make every effort to support our essential workers, and also to support those who will be returning to work as our counties enter the Yellow and Green phases of reopening across Pennsylvania,” said Sen. Lisa Boscola (D – Lehigh/Northampton), chair of the Senate Democratic Policy Committee. “I am very happy that we are able to host these virtual hearings to obtain ideas on the best ways to help our workers during this COVID-19 pandemic.”
Rep. Mike Sturla (D-Lancaster) chair of the House Democratic Policy Committee, thanked Representatives Fiedler and Daley for “requesting this important hearing. Childcare centers serve a vital role in our economy that must not be overlooked, and they deserve our support to ensure safety for all.”
Testifiers at the policy committee hearing included numerous experts and advocates who spoke on what is needed in the childcare sector during this pandemic, and the best ways that the legislature can assist workers and their families.
“Childcare is a critical infrastructure to the economic well-being of Pennsylvania and her citizens now,” said Tracey Campanini, deputy secretary of the state’s Office of Child Development and Early Learning. “High-quality childcare is critical to Pennsylvania’s future. As important as the discussion is to reopen childcare, I would just remind you there were funding needs of this industry that existed prior to COVID-19.”
Oriana Hood, owner of Pembroke Pee Wee Daycare & Little People Daycare School of Lehigh Valley, told the lawmakers that childcare centers face great uncertainty and daunting financial challenges as Pennsylvania struggles to regain some level of “normalcy.”
“We need help recouping monies lost; we need help to open and remain functional until everyone feels comfortable coming back, she said. “I pray that the businesses I have worked so hard to make a success can remain intact. But for all of this to happen we need funds to operate.
Joining Campanini and Hood, the following testified:
- Jen DeBell, executive director, Pennsylvania Association for the Education of Young Children;
- Donna Cooper, executive director, Public Citizens for Children and Youth;
- Cara Ciminillo, executive director, Trying Together;
- Damaris Alvarado-Rodriguez, executive director, Children’s Playhouse Early Learning Center;
- Laura Heckart, director, Albright Early Learning Center;
- Laura Crispin, Professor of Economics, Saint Joseph’s University;
- Kate Reber, parent; and
- Beckey Flaherty, executive director, Shady Lane School
In addition to Boscola, Schwank and Williams, the following senators participated: Pam Iovino (D-Allegheny), Maria Collett (D-Bucks/Montgomery), John Blake (D-Lackawanna) and Shariff Street (D-Phila.) Joining Sturla, Fiedler and Daley were the following House Legislators: Sara Innamorato (D-Allegheny), Ed Gainey (D-Allegheny), Joe Webster (D-Montgomery) and Dan Miller (D-Allegheny).
A full recording of the hearing will be available at senatorboscola.com/policy.
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June 9, 2016
Reading – June 9, 2016 – At the request of state Sen. Judy Schwank (D-Berks), the Senate Democratic Policy Committee held a roundtable discussion today on Pennsylvania’s Zika Virus response plan that focused on measures available for state, local and health officials to educate the public about potential health impacts.
“While I’m pleased to see that our state has already put an extensive plan into place, it is imperative that we do all we can to track the spread of this virus and to keep people informed about how they can best protect themselves,” Sen. Lisa Boscola (D-Northampton/ Lehigh) said. “Today’s hearing is aimed at making sure government is doing all it can to coordinate the best possible statewide response.”
Boscola serves as Democratic chair of the Democratic Policy Committee.
Schwank, who serves as the Democratic chair of the Senate Agriculture and Rural Affairs Committee, said “this effort will require a great deal of cooperation and coordination between state, federal and local agencies. It is imperative that we get this right and do this right.”
The Zika virus was first detected in Brazil over a year ago. Spread by infected mosquitos, the virus generally causes very mild symptoms and rarely leads to serious side effects. However, it does pose a serious threat to pregnant women because the infection can cause birth defects.
Experts at the hearing said the risk for Pennsylvanians is low, but the Ebola scare taught lessons about being prepared for things to change.
“As a community and as a state, we’re going to collaborate. It’s cirtical that our communication is clear and that it provides honest information,” said Marie Keim, Director of Epidemiology, Infection Control and Prevention, Reading Hospital. “Whether it’s twitter, whether it’s facebook, whether it’s the news, it’s important that we’re getting it out in a language that is easy to understand.
As of May 2, there were no reports of the virus being spread by mosquitoes in the continental United States yet. However, Pennsylvania does have 19 confirmed cases of people who have the virus — with 178 test results still pending.
Dr. Jason Rasgon, Associate Professor of Entomology and Disease Epidemiology at Penn State University noted the rapid manner in which research and information on Zika evolves. “I would say something and it would be outdated the next day,” Dr. Rasgon said. “That’s how quickly things are changing.”
The Wolf Administration has already established an extensive Zika response plan that outlines the phases of education, tracking, and response activities that are to occur based on various levels of mosquito activity in Pennsylvania.
Boscola credited the plan for including public awareness and education. She also said it would be critical for government agencies to work closely together to assure that the state is as prepared as possible. The state Department of Health has already set up a website on the virus at www.zika.pa.gov.
The best way to prevent mosquito bites is to use an insect repellant, take steps to keep mosquitoes out of your home; reduce standing water outside; and wear long sleeves and pants outdoors.
Joining the senators for the roundtable discussion were:
- Dr. Loren Robinson, Deputy Secretary for Health Promotion and Disease Prevention, PA Department of Health
- Dana Aunkst, Deputy Secretary of Water Programs, PA Department of Environmental Protection
- Dr. Jason Rasgon, Assoc. Prof. of Entomology and Disease Epidemiology, Pennsylvania State University
- Dr. Robert S. Jones, D.O., Medical Director, Infection Prevention, Reading Health System
- Marie Keim, Director of Epidemiology, Infection Control and Prevention, Reading Hospital
- Dean Druckenmiller, District Executive, Berks County Conservation District
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24 de agosto de 2011
READING, August 24, 2011 – – Local and state agriculture professionals today traded ideas and shared concerns and goals regarding food safety and agriculture profitability in Pennsylvania with the state Senate Democratic Policy Committee at a roundtable discussion at Penn State University, Berks Campus.
“Protecting Pennsylvania’s food supply is of paramount importance, not only to maintaining the profitability of the state’s agricultural industry, but to the health and safety of Pennsylvania citizens,” said committee Chair Lisa Boscola (D-Northampton/Lehigh). “I am happy to have had this opportunity to meet with top agriculture and food safety experts in the state to discuss ways to keep Pennsylvania consumers safe from food-borne illnesses that threaten the health of the public and the economic development of the state.”
The discussion centered on how to keep food safe and Pennsylvania agriculture profitable. Topics included legislation regarding food safety regulations, particularly how they pertain to fresh produce, farmers, and farmers markets; a discussion on Good Agricultural Practices (GAP); a discussion on food-borne illnesses and the most common causes of the illnesses; and information on how Pennsylvania producers are keeping food safe, as well as the challenges the industry faces regarding food safety.
“We have all read about the series of recent incidents regarding food-borne illnesses throughout the nation and here in Pennsylvania. As both a lawmaker and a consumer, this greatly concerns me,” said state Sen. Judy Schwank (D-Berks). “It was very beneficial for my Senate colleagues to join me here in Berks County to discuss this critical issue. We must understand how these illnesses spread and eliminate that problem from the food supply chain. It is important to our citizens and to the economic welfare of the state, as agriculture is our leading industry.”
Schwank, who serves as Democratic Chair of the Senate Agriculture Committee, requested this meeting in an effort to examine current policy on food safety and to discuss concerns the industry and the public have regarding the issue.
The informal roundtable discussion featured experts and educators from agriculture, academia, health and the food industry.
“This roundtable discussion is a step in ensuring that our current food safety laws are working to keeping consumers safe,” said Democratic Leader Jay Costa (D-Allegheny). “Senate Democrats are dedicated to protecting the health and welfare of our citizens and we thank the panelists for their expert input on this issue. As we move forward in this process, it is our hope that we can rely on these experts to help guide future policy on this matter.”
State Sen. John Wozniak (D-Cambria/Somerset/Centre/Clinton/Clearfield) was also on hand at the event.
“It is important that we all work together — the legislature, the industry, and the public — to protect against food-borne illnesses,” Wozniak said. “This discussion was a great opportunity to begin open dialogue on food safety issues.”
Panelists included Dr. Lydia Johnson, director of the Pennsylvania Department of Agriculture Bureau of Food Safety and Laboratory Services; James Weaver, GAP-certified farmer at Meadow View Farm; Dr. Hassan Gourama, associate professor of food science at PSU Berks; Gary Zanecosky, director of quality at Giorgio Foods, Inc.; Brian Snyder, executive director of the Pennsylvania Association for Sustainable Agriculture; and Brent Ennis, Southeast district executive director of the Pennsylvania Department of Health.
Johnson stated that the Pennsylvania Department of Agriculture is committed to protecting Pennsylvania citizens from food-borne illness.
“It is essential that we protect the citizens of Pennsylvania,” Johnson said. “Because contamination can happen at every step in the food process, we must have consistent regulations.”
Weaver expressed concerns that cuts in funding make it difficult for farmers to comply with regulation requirements.
“Cuts in funding hurt farmers,” Weaver said. “It makes the process progressively harder as time goes on. I fear there will come a point in time where it is too hard for farmers.”
Gourama discussed the importance of researching food-borne illnesses and their causes, but also stressed the importance of funding this research.
“We must improve detection methods to determine where contamination is coming from,” Gourama said. “Researching this issue takes money, but it is harder to get funding due to the economy.”
Zanecosky stressed the importance of collaboration between the agricultural industry and academia.
“In order to stay in this business, you have to be on the cutting edge,” Zanecosky said. “Academia is the cutting edge.”
Snyder stressed the need for assistance from the legislature to keep food safe and agriculture profitable.
“There are four things that the legislature can do to assist farmers,” Snyder said. “Provide access to capital and quality insurance; clear, flexible and consistent regulations; tax code adjustments, and public support.”
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