September 26, 2024
HARRISBURG, September 26, 2024 – State Senator Katie Muth (D-Chester/Montgomery/Berks), chair of the Pennsylvania Senate Democratic Policy Committee, joined Senator Amanda Cappelletti (D-Montgomery) and Senator Judy Schwank (D-Berks) to host a public hearing on access to mail-in and absentee voting.
The hearing, held yesterday in the Pennsylvania State Capitol in Harrisburg, featured two panels of discussion that included perspectives from local government officials and voting rights advocacy groups highlighting the different election policies and procedures in place across the Commonwealth and how the state government can improve the process.
“The ability to cast a vote is one of the cornerstones of our democracy and I was grateful to have bipartisan participation in our Policy Committee hearing to highlight some of the ways we can make our elections more accessible, transparent, and efficient,” Muth said.
In May, the House of Representatives passed House Bill 847 by a party-line vote which would require a County Board of Elections to meet no earlier than 7 days prior to an election to pre-canvas all ballots received to that point. Under current law, counties can only begin pre-canvassing ballots at 7 a.m. on Election Day. The bill has now been stuck in the Senate State Government Committee for over four months.
“Yesterday’s hearing was a powerful discussion on how we can work together to remove barriers for both voters and county election workers during the mail in and absentee ballot process in the Commonwealth,” Sen. Cappelletti said. “My priority continues to be expanding access to the ballot, streamlining our election processes, and supporting the counties and poll workers that put in many diligent hours to ensure we have a free and fair election process here in the Commonwealth. Every eligible Pennsylvania voter deserves to be heard in this and every election.”
Testimony at the hearing also focused on current Pennsylvania law that disqualifies mail-in ballots if they have any one of several defects, including an incomplete voter declaration, missing signature, inaccurate date, or failure to use the secrecy envelope, or if they are received after 8 p.m. on Election Day. In the 2024 April primary, nearly 16,000 ballots from otherwise-eligible voters were disqualified.
“We want to ensure that Pennsylvania voters understand that mail-in ballots are a safe and convenient way to make their voices heard during elections. It’s also crucial for the legislature to partner with county governments responsible for administering our elections to guarantee an efficient process,” Sen. Schwank added. “Yesterday’s hearing not only allowed us to dispel some of the misinformation surrounding mail-in voting, but it also provided us with a better understanding of how the legislature can assist election administrators.”
Participants in the hearing included participants in the hearing include Krista Kerr, Deputy Director of Voter Services, Chester County; James Allen, Director of Elections, Delaware County; Lauren Cristella, President & CEO, Committee of Seventy; Jeff Reber, Union County Commissioner and Chair of the County Commissioners Association of Pennsylvania Election Reform Committee; and Philip Hensley-Robin, Executive Director, Common Cause Pennsylvania
“This hearing was an important reminder that our elections are fair, free, safe, and secure, and that mail-in ballots are a great way for voters to make their voices heard,” Senate Democratic Leader Jay Costa (D-Allegheny) said. “I look forward to continued conversations about expanding the freedom to vote encourage more Pennsylvanians to be voters in every election.”
Pennsylvania’s official voter information website is accessible at www.vote.pa.gov. The site also includes information about how to register to vote and how to register to vote by mail. If you have any questions about voting locally, click here for a full listing of all county election officials.
State Sen. Lindsey Williams (D-Allegheny) also participated in the hearing virtually.
For more information on this policy hearing and to access all submitted testimony and a full recording of today’s hearing, visit www.SenatorMuth.com/policy.
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Testimonio
Panel 1: Municipal Officials
Mesa redonda 2: Soluciones políticas
15 de febrero de 2024
WILKINSBURG, 15 de febrero de 2024 - La senadora estatal Katie Muth (D-Chester/Montgomery/Berks), presidenta del Comité de Política Demócrata del Senado de Pensilvania, se unió hoy al líder demócrata del Senado Jay Costa (D-Allegheny), al senador Nikil Saval (D-Filadelfia), a la senadora Judy Schwank (D-Berks), y a varios miembros del Comité de Política Demócrata de la Cámara de Representantes para organizar una audiencia pública conjunta sobre la legislación que establecería una política estatal sobre el sellado de los registros de desalojo.
La audiencia, celebrada en el edificio del municipio de Wilkinsburg, en el condado de Allegheny, incluyó un debate sobre el impacto de los desahucios en los residentes de Pensilvania, la importancia de una vivienda justa y asequible y las implicaciones jurídicas de no sellar los expedientes de desahucio.
"La audiencia conjunta de hoy realmente puso de relieve la necesidad de una legislación para establecer una política de sellado de registros de desalojo en todo el estado", dijo Muth. "El sellado de desalojos permite a las personas seguir adelante, aprender de sus experiencias y reconstruir sus vidas sin temor a que cualquier desalojo pasado les impida acceder a una vivienda segura y asequible."
Varios senadores demócratas están redactando un proyecto de ley complementario al proyecto de ley 1769 de la Cámara de Representantes, que establecería procedimientos para limitar el acceso a los expedientes de desahucio. El proyecto de ley exigiría a los tribunales sellar los expedientes de los casos de desahucio a menos que el inquilino pierda el caso ante el tribunal, en cuyo caso los expedientes se desprecintarían.
"Como líder de la bancada demócrata del Senado de Pensilvania, estoy orgulloso de trabajar con mis colegas para encontrar maneras de ofrecer viviendas seguras y asequibles para todos los residentes de Pensilvania", dijo Costa. "La conversación de hoy iluminó la urgencia de eliminar las barreras a la vivienda para nuestras familias a través de PA, y espero continuar esta conversación a medida que avanzamos."
Un informe reciente publicado por PolicyLink y Community Legal Services of Philadelphia indicaba que los expedientes de desahucio afectan negativamente a la puntuación crediticia de una persona y disminuyen sus oportunidades futuras de vivienda. Limitadas de este modo, las personas se ven muchas veces obligadas a vivir en viviendas inseguras o experimentan la falta de vivienda.
"Una sola solicitud de desahucio inflige un daño duradero a una familia, interrumpiendo el acceso a una vivienda segura, oportunidades de empleo y educación, y conexiones duraderas con sus comunidades", añadió el senador Saval, presidente de la minoría del Comité de Asuntos Urbanos y Vivienda del Senado. Una política estatal de sellado de registros de desahucios protegerá a los inquilinos a corto plazo y sentará las bases para una vivienda más equitativa y resultados de salud para los residentes de Pensilvania de todos los orígenes". Con uno de cada 14 hogares de inquilinos en riesgo de una solicitud de desalojo, la Asamblea General de Pensilvania tiene la oportunidad de cambiar el panorama."
En 2021, la ciudad de Filadelfia promulgó la Ley de Acceso de los Inquilinos para restringir el uso por parte de los propietarios de los expedientes judiciales de desahucio en las decisiones sobre vivienda. Y según los datos rastreados por PolicyLink, hay 15 estados que han promulgado políticas que sellan o eliminan los registros de desalojo o restringen la forma en que los propietarios pueden seleccionar a los inquilinos.
"En toda la Commonwealth, el costo de la vivienda está aumentando a un ritmo alarmante, y más y más residentes de Pensilvania luchan por encontrar viviendas asequibles y seguras. Mientras estamos en medio de una crisis de vivienda, desalojos injustos y sin culpa son permanentes en el expediente de un inquilino", dijo Schwank. "Estos desalojos sin culpa son otra barrera innecesaria que los residentes de clase trabajadora de Pensilvania deben superar mientras buscan la vivienda asequible y segura que merecen. Estoy orgulloso de co-anfitrión de esta audiencia con mis colegas y espero que podamos llamar más la atención sobre un tema que la legislatura debe abordar."
En el testimonio prestado durante la audiencia, la abogada de los Servicios Jurídicos Comunitarios de Filadelfia Holly Beck indicó que la carga de los expedientes de desahucio no se distribuye de manera uniforme entre las comunidades: los propietarios presentan expedientes de manera desproporcionada contra hogares de color, personas con discapacidad y mujeres, por lo que estas comunidades sienten de manera desproporcionada la carga de los expedientes de desahucio. Las mujeres negras con hijos pequeños son las que más desahucios sufren.
"Una demanda de desahucio puede perjudicar significativamente la capacidad de una persona para asegurarse una vivienda para el resto de su vida, incluso si esa demanda carece de fundamento o es desestimada. Y sin una dirección de casa, puede ser casi imposible conseguir un trabajo, la escolarización, u otros beneficios que damos por sentado todos los días", agregó el senador Lindsey Williams (D-Allegheny). "Agradezco a los panelistas de hoy por compartir sus experiencias y explicar por qué necesitamos una política estatal de sellado de desalojos".
Otros participantes en la audiencia fueron Haley Passione, Court Resource Navigator, RentHelp PGH; Holly Beck, Division Supervising Attorney, Community Legal Services of Philadelphia; Deanna Dyer, Policy Director, Pennsylvania Coalition Against Domestic Violence; Kyle Webster, Vice President of Housing and General Counsel, Action Housing; Maura Jacob, Policy & Community Impact Officer, The Pittsburgh Foundation; y Aaron Zappia, Director of Government Affairs, Housing Alliance of Pennsylvania.
El senador Tim Kearney (D-Delaware) también participó virtualmente en la audiencia política conjunta.
Todos los testimonios presentados en la audiencia y el vídeo completo están disponibles en SenatorMuth.com/Policy.
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Testimonio
Panel 1: Personas afectadas
Panel 2: Implicaciones jurídicas
Panel 3: Abogacía
Testimonio adicional
23 de enero de 2024
WEST WHITELAND - 24 de enero de 2024 - La senadora estatal Katie Muth (D-Chester/Montgomery/Berks), presidenta del Comité de Política Demócrata del Senado de Pensilvania, se unió a la senadora Carolyn Comitta (D-Chester), al senador John Kane (D-Chester/Delaware), al senador Tim Kearney (D-Delaware) y a la senadora Judy Schwank (D-Berks) ayer en el condado de Chester para coorganizar una audiencia pública centrada en la privatización del agua y las consecuencias imprevistas de la Ley 12 de 2016.
La audiencia, celebrada en el West Whiteland Township Building de Exton, se centró en la privatización y consolidación de los servicios públicos de agua y alcantarillado y en cómo las disposiciones incluidas en la Ley 12 de 2016 han dado lugar a importantes aumentos de tarifas en toda la Commonwealth.
"La audiencia de ayer realmente destacó la necesidad de que el público siga participando y haga oír su voz, ya que las tarifas de agua y aguas residuales continúan disparándose en toda la Commonwealth en gran parte a las disposiciones promulgadas por la Ley 12 de 2016", dijo Muth. "Como legisladores, no podemos permitir que nuestros electores sigan siendo explotados por las grandes corporaciones. Espero trabajar con mis colegas en una legislación que proteja a los consumidores y garantice tarifas justas para todos los servicios públicos."
La Ley 12 de 2016 añadió la Sección 1329 del Código de Servicios Públicos y cambió el método y el calendario para calcular el valor de lo que se incluye en las tarifas de servicios públicos para adquisiciones específicas de sistemas municipales de agua y aguas residuales por parte de servicios públicos regulados. Esta ley permitió a vendedores y compradores, en caso de que ambos estuvieran de acuerdo, utilizar un método de valoración alternativo y evaluar los activos públicos de agua/alcantarillado al "valor justo de mercado", que permite que el valor en dólares de los sistemas de agua no solo incluya tuberías y plantas, sino factores de mercado como su valor para la comunidad, lo que permite venderlos a precios mucho más altos. El resultado ha sido un aumento significativo de las tarifas para los clientes de los sistemas adquiridos y adquirentes.
"Los servicios de agua y aguas residuales son una necesidad básica para todas las personas y las tarifas deben ser justas y sostenibles para todas las comunidades. Doy las gracias al senador Muth, a mis colegas del Senado, a la PUC, a la Oficina del Defensor del Consumidor y a todos los que participaron en la audiencia", dijo el senador Comitta. "Los residentes, las familias y las personas con ingresos fijos, como las personas mayores, ya se enfrentan al aumento de los costes de consumo. El consenso es que la Ley 12 está aumentando las tarifas del agua. Espero con interés trabajar con mis colegas para encontrar soluciones para ayudar a garantizar el acceso a la calidad, agua asequible, y los servicios de aguas residuales como una cuestión de salud pública y el bienestar."
En marzo de 2022 se publicó un estudio en la revista Water Policy en el que se analizaban los 500 mayores sistemas de abastecimiento de agua de Estados Unidos y se concluía que la propiedad privada era la variable más significativa en el encarecimiento de las facturas de los servicios públicos, incluso más que el envejecimiento de las infraestructuras, el suministro de agua y las normativas locales.
"La audiencia de ayer expuso las consecuencias de la Ley 12 de 2016, disipando la noción de que ayudaría a los sistemas en dificultades. En cambio, parece proporcionar beneficios financieros a corto plazo a los municipios y ganancias a largo plazo para los accionistas corporativos, todo a costa de los contribuyentes", dijo el senador Kearney. "Es crucial que los contribuyentes y las partes interesadas mantengan la presión sobre nuestra legislatura. Estoy orgulloso de estar con mis colegas demócratas en la batalla desafiante pero necesaria para derogar la Ley 12, asegurando tarifas de agua justas y asequibles para nuestros electores."
Según el testimonio escrito presentado por el Defensor del Consumidor de Pensilvania, Patrick Cicero, desde la Ley 12 de 2016, ha habido 21 adquisiciones aprobadas que se han cerrado o se cerrarán pronto. Según las estimaciones, debido a estas adquisiciones y directamente a la disposición sobre el valor justo de mercado de la Ley 12, los consumidores están o estarán obligados a pagar al menos 85 millones de dólares más cada año por el servicio de agua y aguas residuales de lo que habrían pagado sin esta ley.
"La audiencia política de ayer arrojó una luz crucial sobre las repercusiones negativas de la Ley 12 y puso de relieve la urgente necesidad de un cambio", dijo el senador Kane. "Es desalentador escuchar a los residentes compartir sus historias de horror de un sistema que prioriza los beneficios sobre las personas. He escuchado las voces de los afectados, y está claro que este proceso está roto. Por eso he presentado el Proyecto de Ley del Senado 866, para derogar completamente la Ley 12. Me comprometo a encontrar una solución que no cargue a los contribuyentes con costes inflados para enriquecer a los accionistas. Es hora de anteponer las necesidades de nuestros residentes, y seguiré haciendo todo lo posible para que así sea."
El Proyecto de Ley del Senado 866 del Senador Kane, que se encuentra actualmente en el Comité de Protección al Consumidor y Licencias Profesionales del Senado, derogaría las disposiciones de la Ley 12 de 2016. Los senadores Comitta, Kane y Kearney también están trabajando en una legislación que haría varias reformas a la Ley 12 de 2016. El memorando de los copatrocinadores indica que las reformas incluirían requisitos de notificación y audiencia pública, una evaluación de las necesidades, la aclaración del lenguaje en relación con el beneficio público, la supervisión posterior a la venta del contrato y disposiciones relativas a los conflictos de intereses.
"Hemos tenido ocho años para reflexionar sobre las consecuencias de la Ley 12 de 2016, y está claro que muchos consumidores que experimentaron la privatización no están en un buen lugar. Las comunidades de mi distrito y de toda la Commonwealth han visto aumentar sus facturas de agua y aguas residuales a un ritmo realmente escandaloso", añadió el senador Schwank. "No hay duda de que la legislatura debe tomar medidas para proteger a los consumidores de los que se están aprovechando".
Participaron en la audiencia Bill Ferguson y Peter Mrozinski, Keep Water Affordable; David McMahon, Neighbors Opposing Privatization Efforts; Kofe Osei, Towamencin Township Supervisor; Stephen DeFrank, Presidente, PA Public Utility Commission; Patrick Cicero, Pennsylvania's Consumer Advocate; Amy Sturges, Directora Ejecutiva Adjunta de Defensa, Pennsylvania Municipal League; y Anthony Bellitto, Director Ejecutivo, North Penn Water Authority.
Además de los participantes en la audiencia de ayer, East Whiteland Township, Pennsylvania American Water y Aqua Pennsylvania presentaron testimonios por escrito al Comité, que también están disponibles en línea.
El senador Muth también recordó a los residentes que la PUC ha programado una serie de 12 audiencias presenciales y telefónicas para recabar la opinión del público sobre las solicitudes de Pennsylvania American Water Company (PAWC) para aumentar las tarifas de los servicios de agua y aguas residuales. PAWC abastece a 681.707 clientes de agua y 97.585 de aguas residuales en 37 condados y es el mayor proveedor de servicios regulados de agua y aguas residuales de Pensilvania. Las audiencias presenciales están programadas en toda la Commonwealth a partir de la última semana de enero.
Todos los testimonios presentados en la audiencia y el vídeo completo están disponibles en SenatorMuth.com/Policy
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Testimonio
Panel 1: Residentes afectados
Mesa redonda 2: Soluciones políticas
Testimonio adicional
26 de mayo de 2023
HARRISBURG, 26 de mayo de 2023 - La senadora estatal Katie Muth (D-Chester/Montgomery/Berks), presidenta del Comité de Política Demócrata del Senado de Pensilvania, y la senadora Judy Schwank (D-Berks) coorganizaron una audiencia pública a principios de esta semana en Harrisburg para discutir la eficacia y la accesibilidad de los servicios de apoyo, las medidas preventivas y el impacto socioeconómico que el abuso tiene sobre las personas y las familias.
La audiencia, celebrada en el Capitolio del Estado de Pensilvania, en Harrisburg, contó con tres paneles de testimonios de expertos en política pública, aplicación de la ley y prevención de la violencia doméstica.
"La Coalición de Pensilvania contra la Violencia Doméstica declaró que hubo 3.209 solicitudes de servicio no atendidas relacionadas con la violencia doméstica en 2022. Eso es más de 3,000 personas que lidiaron con un incidente de violencia doméstica el año pasado que no pudieron ser ayudadas porque no financiamos adecuadamente los servicios humanos en Pensilvania", dijo Muth. "Debemos abordar estos problemas y garantizar que los programas que apoyan a los sobrevivientes de violencia doméstica tengan fondos y recursos estatales adecuados".
Según la Coalición Nacional contra la Violencia Doméstica, 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 9 hombres sufren violencia física grave por parte de su pareja, violencia sexual por contacto con su pareja y/o acoso por parte de su pareja.
"La violencia doméstica es a menudo un problema que se pasa por alto, así que estoy muy contento de que hayamos podido escuchar directamente de la gente sobre el terreno que apoya a los supervivientes de Pennsylvania lo que necesitan", dijo Schwank. "El testimonio dejó claro que la legislatura debe intensificar y proporcionar un flujo constante de apoyo financiero para abordar adecuadamente la violencia doméstica. A medida que nos dirigimos a la temporada de presupuesto, es imperativo que tomemos lo que hemos oído hoy y convertir esas palabras en acción."
El senador Muth y el senador Schwank han presentado el proyecto de ley 281 del Senado en esta sesión, que exigiría que los propietarios de armas de fuego por primera vez reciban formación en materia de manejo y almacenamiento seguros de armas de fuego, concienciación sobre el suicidio, concienciación sobre el acceso de los niños, concienciación sobre la violencia doméstica, concienciación y prevención de la agresividad en la carretera e interacción segura con las fuerzas del orden mientras se porta un arma de fuego. El senador Schwank también ha presentado el proyecto de ley del Senado 388 que requeriría que las escuelas establezcan políticas específicas sobre la violencia en las citas, incluidos los procedimientos de denuncia para los estudiantes, padres, tutores legales o terceros; procedimientos disciplinarios y sanciones para los estudiantes que perpetren violencia en las citas contra otros estudiantes; e información sobre la ley de Protección contra el Abuso.
El proyecto de ley 281 del Senado sigue en la Comisión Judicial del Senado y el proyecto de ley 388 del Senado sigue en la Comisión de Educación del Senado.
Participaron en la audiencia Beth Garrigan, Directora General de Safe Berks; Deanna Dyer, Directora de Políticas de la Coalición de Pensilvania contra la Violencia Doméstica (PCADV); la Teniente Mary Gausman, de la Policía del Estado de Pensilvania; Danni Beinschrotch, Directora de Servicios Jurídicos de la PCADV; el Honorable Christopher Mallios Jr, Court of Common Pleas of Philadelphia County; Aishwarya Sinha, especialista en prevención, PCADV; y Kiara Allison, doctora, coordinadora del Título IX y responsable de igualdad de oportunidades, Widener University.
Todos los testimonios presentados en la audiencia y el vídeo completo están disponibles en SenatorMuth.com/Policy
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March 17, 2023
READING, March 17, 2023 – State Senator Katie Muth (D-Chester/Montgomery/Berks), Chair of the Senate Democratic Policy Committee, joined Senator Judy Schwank (D-Berks) and Senator Art Haywood (D-Montgomery/Philadelphia) earlier this week at Alvernia University in Reading to discuss strategies to engage youth to reduce violence and keep them out of the justice system.
The hearing featured testimony from experts in law enforcement and state agencies as well as nonprofit service providers who each discussed the challenges and opportunities related to Pennsylvania’s juvenile justice system and community violence.
“This week’s hearing was a great opportunity to really learn about what is working and what challenges are facing our service providers and our judicial system when dealing with violence and crime among our youth. We need to do all we can to ensure that our children are not just surviving – but that they are thriving,” Muth said. “We have to continue working together, learning what works and documenting what works so that we can invest state funding into programs and services that are proven to work to keep juveniles out of our justice system and keep our communities safe.”
According to statistics provided by the Pennsylvania Commission on Crime and Delinquency (PCCD), youth violence continues to steadily decline and fewer youth are coming into Pennsylvania’s juvenile justice system. PCCD reported that between 2012 and 2021, the arrest rate for violent crime among youth in Pennsylvania decreased by 72 percent. And last year, the number of Pennsylvania youth who received a juvenile justice disposition was 15 percent lower than the prior year, and 57 percent lower than 2013-14 levels.
“I think we all understand that while every community in Pennsylvania is different, we all deal with crime. Too often, I think we react to incidents in our community instead of looking at root causes. That’s really what this hearing was all about,” Schwank said. “We had a great group of testifiers that provided us with terrific information that we can use to ensure programs that are making a difference are being supported across the commonwealth.”
According to a 2022 New York Times Magazine report, gun violence has surpassed car accidents as the leading cause of death among American children and youth. PCCD Executive Director Michael Pennington cited statistics stating that between 2011 and 2020, 1,151 individuals between the ages of 10 and 19 lost their lives to gun violence in Pennsylvania.
“Unfortunately, juvenile violence is all too common in Philadelphia and across the state, leaving young people and their families caught in the literal crossfires. Neighbors are desperate for solutions, desperate for prevention, desperate for help,” Haywood added. “We need to support our young people through mentorship, multi-systemic counseling and services, and unwavering love.”
Participants in the hearing included Judge Scott E. Lash, Berks County Court of Common Pleas; Barbara Dancy, Berks County Juvenile Probation; Radarra McLendon, Founder, Village of Reading; Ebonie Cunningham Stringer, Executive Director, Berks Youth Violence Interruption and Intervention Program; and Michael Pennington, Executive Director, Pennsylvania Commission on Crime and Delinquency.
Other Senators that participated in the hearing virtually included Senate Democratic Leader Jay Costa (D-Allegheny), Sen. Tina Tartaglione (D-Philadelphia), Sen. Tim Kearney (D-Delaware), Sen. Maria Collett (D-Montgomery), Sen. John Kane (D-Chester/Delaware), Sen. Jim Brewster (D-Allegheny) and Sen. Jimmy Dillon (D-Philadelphia).
Todos los testimonios presentados en la audiencia y el vídeo completo están disponibles en SenatorMuth.com/Policy
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28 de octubre de 2022
HARRISBURG, 28 de octubre de 2022 - La senadora estatal Katie Muth (D- Berks/Chester/Montgomery), presidenta del Comité de Política Demócrata del Senado, se unió hoy a la senadora estatal Judy Schwank (D-Berks) y la senadora Amanda Cappelletti (D-Montgomery/Delaware) para organizar una audiencia para explorar los problemas y la historia de la financiación estatal de los llamados centros de crisis de embarazo.
La audiencia, que fue la segunda celebrada por la Comisión de Política Demócrata del Senado sobre el tema de los centros antiaborto, tuvo lugar en el Capitolio de Harrisburg y contó con el testimonio de profesionales médicos, estudiantes, una antigua voluntaria de un centro de crisis de embarazos y un defensor de los llamados centros de crisis de embarazos.
"Nadie que busque asistencia sanitaria debería tener que preocuparse de si se le está engañando o mintiendo sobre la asistencia médica que realmente necesita. Hemos escuchado muchas historias de terror sobre las prácticas engañosas y las agendas de los centros antiaborto durante estas dos audiencias políticas", dijo Muth. "Tenemos que hacer más para proteger a las mujeres embarazadas y tenemos que asegurarnos de que tienen acceso a la atención basada en la evidencia y la información basada en hechos de verdaderos profesionales médicos autorizados."
Los centros de embarazos en crisis (CPC) son organizaciones sin ánimo de lucro que se hacen pasar por centros de salud reproductiva cuyo objetivo principal es disuadir a las embarazadas de que consideren la posibilidad de someterse a un aborto. Estas organizaciones, en su mayoría religiosas, existen para desalentar y limitar el acceso a todas las opciones de salud reproductiva disponibles y retrasar la atención médica y prenatal necesaria.
"Los servicios prenatales y posparto son de vital importancia y deben estar sujetos a estrictos requisitos de salud y seguridad por parte de profesionales cualificados. No todos los centros antiaborto operan con los mismos niveles de engaño", afirmó Schwank, presidenta de la Women's Health Caucus. "Hay muchos que indican claramente su afiliación y su programa provida. Lo que nos preocupa son los centros que engañan estratégica y deliberadamente a la gente sobre los servicios que ofrecen."
En el testimonio presentado, el Departamento de Servicios Humanos de Pensilvania (DHS) señaló que Pensilvania es uno de los pocos estados que utilizan una parte de los fondos de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) para apoyar lo que se denomina "alternativas a los servicios de aborto" que deben promover el embarazo, el parto y la crianza de los hijos. Los beneficiarios elegibles según el lenguaje de la ley de Pensilvania no pueden "promover, referir o realizar abortos o participar en cualquier asesoramiento que sea incompatible con" la misión declarada de la promoción del parto. Desde el año fiscal 2014-15, Pensilvania ha distribuido 60 millones de dólares a Real Alternatives, 51 millones de los cuales provienen directamente de los impuestos estatales. Real Alternatives declinó participar en la audiencia política de hoy para responder preguntas.
"Los centros antiaborto no tienen cabida en nuestro sistema sanitario. Las mujeres y las personas embarazadas deben poder acceder a la atención sanitaria reproductiva y prenatal adecuada que mejor se adapte a sus necesidades", añadió Cappelletti. "Mientras los centros antiaborto estén operativos, seguirán utilizando sus tácticas engañosas para impedir que las mujeres y las personas embarazadas reciban la atención que necesitan."
Participaron en la audiencia la Dra. Courtney Schreiber, Jefa de la División de Planificación Familiar de la Facultad de Medicina Perelman de la Universidad de Pensilvania; Sarah Bowen, Directora Ejecutiva de Promise of Life Network; Caitlin Chubb, Supervisora Clínica de Mindful Changes Counseling; y estudiantes de la Universidad de Pittsburgh.
Todos los testimonios presentados en la audiencia y el vídeo completo están disponibles en SenatorMuth.com/Policy.
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7 de septiembre de 2022
HARRISBURG, 7 de septiembre de 2022 - La senadora estatal Katie Muth (D- Berks/Chester/Montgomery), presidenta del Comité de Política Demócrata del Senado, se unió a la senadora estatal Judy Schwank (D-Berks) y a las representantes estatales Bridget Kosierowski (D-Lackawanna) y Melissa Shusterman (D-Chester/Montgomery). Bridget Kosierowski (D-Lackawanna) y Melissa Shusterman (D-Chester / Montgomery) para acoger una mesa redonda sobre las prácticas engañosas de los llamados Centros de Crisis del Embarazo (CPC) en Pennsylvania.
La mesa redonda celebrada en el Capitolio del Estado en Harrisburg formaba parte de una serie de actos organizados conjuntamente por la Comisión de Política Demócrata del Senado y la Comisión de Política Demócrata de la Cámara de Representantes sobre el futuro de la atención sanitaria reproductiva en Pensilvania.
"Como escuchamos ayer, más de 150 centros anti-aborto operan en nuestro estado, y muchos reciben dinero de los contribuyentes. El testimonio de ayer reveló los peligros de tener estos llamados "Centros de Crisis del Embarazo" (clínicas anti-aborto) que sólo existen para desalentar y limitar el acceso al aborto, retrasar la atención médica adecuada, y difundir información errónea sobre la atención pre / post-natal y la salud sexual. En Pensilvania, estos centros ficticios no están obligados a contar con un profesional sanitario realmente autorizado que trabaje en las instalaciones, y estos centros no están sujetos a los requisitos de confidencialidad de los pacientes, lo que permite que la información personal y sobre la salud privada se comparta y se venda sin el consentimiento o el conocimiento de la persona que busca atención", dijo Muth. "Es necesario que los poderes públicos garanticen la protección de los consumidores frente a centros ficticios que gastan millones de dólares en marketing engañoso para anunciarse como centros de atención sanitaria cuando en realidad no prestan tales servicios y carecen de licencias médicas para prestar servicios sanitarios reales. Estas prácticas engañosas pueden provocar daños humanos e incluso la muerte de una futura madre debido a un retraso en la atención causado por estos centros que pierden un tiempo precioso con una orientación falsa."
La mayoría de los CPC no prestan servicios médicos ni emplean personal médico a tiempo completo, sino que recurren a voluntarios que no tienen licencia ni formación para prestar servicios médicos y no están sujetos a normas médicas, éticas o reglamentarias. Atraen a los clientes comercializando servicios médicos gratuitos como ecografías "no diagnósticas" para manipular la falsa impresión de que ofrecen servicios médicos legítimos.
"Es importante que todos los ciudadanos de Pensilvania entiendan hacia dónde dirigimos el dinero de sus impuestos. Los Centros de Crisis del Embarazo han sido prodigados con fondos de la Commonwealth y han utilizado esa financiación para promover dudosas prácticas comerciales y médicas e impulsar una agenda anti-elección en pacientes vulnerables que necesitan asesoramiento real", dijo Schwank. "Además, no se rinden cuentas de los millones de dólares gastados en estos centros. Las mujeres necesitan una atención sanitaria reproductiva de calidad que les proporcione asesoramiento médico real y servicios de seguimiento para apoyarlas en cualquier decisión que tomen en relación con un embarazo no planificado."
Pensilvania lleva utilizando el dinero de los contribuyentes para apoyar a los CPC en el presupuesto estatal desde 1997. La Commonwealth también fue el primer estado en distribuir dinero de la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) a los CPC en 2002, redirigiendo este dinero destinado a ayudar a las familias de bajos ingresos en su lugar hacia la divulgación anti-aborto y la difusión de desinformación médica. Desde entonces, al menos otros nueve estados han seguido su ejemplo, apoyando económicamente a los CPC con dinero del TANF.
"Una abrumadora mayoría de los ciudadanos de Pensilvania y de todo el país están de hecho a favor del derecho a decidir; los que intentan arrebatar el derecho a elegir y el derecho a una atención sanitaria reproductiva segura y legal son minoría", añadió Kosierowski. "La decisión médica más personal que toma una mujer debería ser entre ella misma y su médico, no entre una legislatura dominada por los hombres o el Tribunal Supremo. El derecho de una mujer a elegir debería ser sólo eso: el derecho de una mujer a elegir."
Entre los participantes se encuentran Ashley Underwood, Directora, Equity Forward; Tara Murtha, Directora de Comunicaciones Estratégicas, Women's Law Project; Croney Bouse, MPH, Directora de Campo Estatal, Planned Parenthood PA Advocates; Melissa Wiler Gerber, Presidenta/CEO, AccessMatters; y Kelly Davis, Directora Ejecutiva, New Voices for Reproductive Justice.
"Un embarazo inesperado puede ser una situación aterradora y la necesidad de cuidados prenatales puede llevar a muchas mujeres a los centros de crisis del embarazo. Sin embargo, estos centros -a menudo vinculados a organizaciones religiosas- ofrecen información sanitaria engañosa por parte de voluntarios sin cualificación médica. En última instancia, su objetivo es retrasar los procedimientos médicos hasta que sea demasiado tarde para interrumpir legalmente un embarazo, algo que estos centros nunca presentan como una opción", dijo Shusterman. "He presentado un paquete legislativo que pondrá fin a la financiación de estas organizaciones y redirigirá esos fondos a organizaciones de planificación familiar que realmente satisfagan las necesidades sanitarias de las mujeres. Las mujeres merecen honestidad y el derecho a tomar decisiones informadas sobre sus cuerpos."
Todos los testimonios presentados en la audiencia y el vídeo completo están disponibles en SenatorMuth.com/Policy.
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Testimonio
11 de agosto de 2022
Pittsburgh - 11 de agosto de 2022 - Esta mañana, el Caucus de Salud de la Mujer de Pensilvania, junto con los Comités de Política Demócrata de la Cámara y el Senado, celebró su tercera audiencia sobre Pennsylvania post-Roe en la Universidad de Chatham.
La audiencia contó con el testimonio de proveedores de abortos, profesionales médicos y grupos de defensa de Pittsburgh y el oeste de Pensilvania. Los testigos destacaron la necesidad de mantener el aborto seguro y legal en Pensilvania, los retos a los que se enfrentan los proveedores de aborto desde la revocación de Roe v. Wade y algunos de los problemas que se ven exacerbados por las prohibiciones del aborto, como la violencia doméstica. También proporcionó información sobre cómo los proveedores están manejando la afluencia de pacientes de fuera del estado Pennsylvania occidental está viendo.
Sydney Etheridge, Presidenta y Directora General de Planned Parenthood of Western Pennsylvania, declaró que la anulación del caso Roe contra Wade supuso una presión inmediata para los proveedores de abortos de la región.
"Como era de esperar, nuestra región ha visto los efectos de esta decisión casi al instante con las dos únicas clínicas de aborto independientes, Allegheny Reproductive Health Center y Planned Parenthood of Western Pennsylvania, asumiendo una afluencia de llamadas y visitas de pacientes", dijo Etheridge. A pesar de la presión que esto ha supuesto para nuestros centros, por no mencionar los problemas que los viajes y otras barreras pueden suponer para los pacientes, nuestro personal sigue haciendo todo lo posible para garantizar que los pacientes reciban la atención que necesitan cuando la necesitan". Mientras que el aborto sigue siendo legal en Pensilvania en este momento, es de vital importancia que el aborto siga siendo accesible no sólo para los residentes de Pensilvania, sino también para aquellos que vienen a nuestro estado en busca de atención compasiva."
Los cuatro copresidentes de la WHC dijeron después de la audiencia que ampliar el acceso a la atención de la salud reproductiva y apoyar a los proveedores debe ser una prioridad legislativa. También mencionaron que la audiencia proporcionó contexto sobre cómo las prohibiciones en otros estados están afectando a los proveedores de aborto de Pensilvania, particularmente en el área de Pittsburgh.
"La proximidad de Pittsburgh a Ohio y Virginia Occidental, dos estados que han pasado a restringir el acceso al aborto, significa que va a ver una gran cantidad de pacientes de fuera del estado", dijo el copresidente WHC senador Judy Schwank (D-Berks). "El testimonio de hoy puso de relieve que esto ya ha comenzado y está poniendo presión sobre los proveedores de aborto de la región. Lo más importante ahora es que Pennsylvania sigue siendo un lugar donde las mujeres pueden acceder a la atención de salud reproductiva que necesitan y que tomemos medidas para apoyar a nuestros proveedores."
"La accesibilidad sigue siendo un problema importante cuando se trata de la atención del aborto en Pensilvania", dijo la copresidenta del WHC, la senadora Amanda Cappelletti (D-Montgomery, Delaware). "Con muchos de nuestros vecinos que prohíben el aborto, los proveedores de aborto están siendo abrumados con las personas que necesitan para acceder a este procedimiento que salva vidas. Es fundamental que nos mantengamos vigilantes en la ampliación del acceso a estos procedimientos de atención de la salud para cualquier persona que los busca dentro de la mancomunidad."
"El aborto en Pensilvania sigue siendo seguro y legal, y debemos trabajar para que siga siendo así", dijo la copresidenta del WHC, la diputada Mary Jo Daley (D-Montgomery). "Cada embarazo es diferente, y cada persona embarazada tiene derecho a la intimidad y la autonomía corporal al igual que los médicos deben ser capaces de proporcionar la atención más adecuada para cada uno de ellos. La Asamblea General debe centrarse en las necesidades de las familias de Pensilvania en lugar de dictar una atención sanitaria "de talla única"."
"Con los proveedores de la Commonwealth ahora viendo una mayoría de los pacientes de más allá de las fronteras estatales, los residentes de Pensilvania se ven obligados a prolongar la atención y buscar atención en otros lugares", dijo el copresidente WHC Rep. Morgan Cephas (D-Filadelfia). "Como era de esperar, un Post Roe PA está dando lugar a graves repercusiones para los residentes de todo nuestro estado dejándonos en un lugar crucial donde proteger y ampliar el acceso a la atención es más importante que nunca. Estoy agradecido a nuestros defensores y proveedores que están en la primera línea en este trabajo y entender la urgencia que debemos mantener en Harrisburg para proteger los derechos de los residentes de Pennsylvania hoy y más allá."
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26 de julio de 2022
Filadelfia - 26 de julio de 2022 - Hoy, el Caucus de Salud de la Mujer llevó a cabo su segunda audiencia conjunta con los Comités de Política Demócrata de la Cámara y el Senado sobre el acceso al aborto en Pensilvania después de Roe. La audiencia se celebró en el Centro Comunitario William Way y contó con el testimonio de la Dra. Aasta Mehta del Departamento de Salud de Filadelfia y Signe Espinoza, Directora Ejecutiva de Planned Parenthood Pennsylvania Advocates, Céshia Elmore, Organizadora Comunitaria de New Voices for Reproductive Justice, y la Dra. Sarah Gutman de la Universidad de Medicina de Pennsylvania.
La copresidenta de la WHC, la representante Morgan Cephas, pronunció el discurso de apertura de la audiencia y destacó la amenaza que se cierne sobre el acceso al aborto en Pensilvania. Ella dijo que la audiencia de hoy se trataba de entender cómo el acceso al aborto puede ser protegido y ampliado en Pennsylvania.
"Tenemos un Caucus Republicano en Harrisburg que está buscando prohibir el aborto en toda la Commonwealth tan rápido como puedan", dijo el Rep. Cephas. "Eso va a requerir que nos mantengamos firmes y nos centremos en la información objetiva sobre cómo la limitación del acceso al aborto aumenta continuamente los riesgos para la salud de las madres y las personas que dan a luz."
"La decisión del Tribunal Supremo sobre el aborto ha creado confusión para las personas capaces de embarazo en todo el país", dijo WHC copresidente Rep. Mary Jo Daley. "Es importante que los residentes de Pensilvania sepan que la atención del aborto sigue siendo segura y legal y que nuestras puertas están abiertas para que las personas que necesitan un aborto vengan a nuestro estado". La segunda audiencia de política en Pennsylvania post-Roe reúne a proveedores de servicios de salud y defensores de las personas embarazadas para discutir el futuro de la atención del aborto en Pennsylvania."
"El aborto sigue siendo seguro y legal en Pensilvania, pero nos queda mucho trabajo por hacer para ampliar el acceso a la atención sanitaria reproductiva en la Commonwealth", dijo la copresidenta del WHC, la senadora Amanda Cappelletti. "Muchas mujeres y personas en edad fértil ya se enfrentan a barreras cuando se trata de acceder a la atención sanitaria, como los desiertos de atención sanitaria de maternidad y los cierres de hospitales, y el acceso a la atención del aborto sigue siendo inaccesible para muchas personas en toda la Commonwealth. Debemos proteger el derecho a la autonomía corporal y proporcionar una mayor accesibilidad."
"Estas audiencias son sólo una manera de seguir manteniendo este tema frente y al centro", dijo el copresidente WHC senador Judy Schwank. "Es importante que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance para comunicar cuál es la situación actual del acceso al aborto en Pensilvania y hacia dónde nos dirigimos si la gente no se compromete. El testimonio que hemos escuchado hasta ahora deja claro que despojar a los residentes de Pensilvania del acceso al aborto no es lo mejor para esta mancomunidad."
La primera audiencia posterior a Roe Pennsylvania tuvo lugar el 19 de julio en Harrisburg y contó con el testimonio de la médica general en funciones de Pennsylvania, Denise Johnson. La próxima audiencia tendrá lugar en Pittsburgh el 11 de agosto.
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Testimonio
- Dra. Aasta Mehta, MD, MPP, ginecóloga y obstetra, responsable médica de salud de la mujer, Departamento de Salud Pública de Filadelfia
- Ceshia Elmore, Nuevas Voces para la Justicia Reproductiva
- Signe Espinoza, Directora Ejecutiva, Planned Parenthood Pennsylvania Advocates
- Dra. Sarah Gutman, MD, MSPH, Ginecología y Obstetricia y Medicina Familiar Compleja, Especialista, UPenn Medicine
- Saleemah McNeil, Directora General de Oshun Family Center
27 de junio de 2022
HARRISBURG, 27 de junio de 2022 - Siete miembros del Caucus Demócrata del Senado de Pensilvania hicieron circular un memorando el viernes por la tarde para tomar medidas para codificar en la ley estatal el derecho personal a tomar decisiones sobre la salud y la reproducción, incluido el acceso a abortos seguros y legales.
El memorando de copatrocinio fue distribuido por los senadores estatales Katie Muth (D- Montgomery / Chester / Berks), Amanda Cappelletti (D-Montgomery / Delaware), Lindsey Williams (D-Allegheny), Maria Collett (D-Bucks / Montgomery), Judy Schwank (D-Berks), Christine Tartaglione (D-Filadelfia), y Carolyn Comitta (D-Chester).
"La decisión del Tribunal Supremo dictada el viernes no se hizo en interés del pueblo y muestra que el más alto tribunal de nuestra nación tiene una mayoría que está siendo dirigida por intereses especiales de la derecha dañina", dijo Muth. "Si no podemos confiar en que el Tribunal proteja los derechos de los ciudadanos de Pensilvania, entonces nos corresponde a nosotros en la legislatura estatal defender nuestros derechos a tomar decisiones sobre nuestros propios cuerpos. No podemos y nunca retrocederemos en la lucha para proteger nuestros derechos, nuestros cuerpos y nuestro derecho a elegir."
La legislación llega tras la devastadora sentencia dictada el viernes por un Tribunal Supremo partidista que anuló la sentencia Roe contra Wade de 1973 y elimina el derecho constitucional al aborto después de casi 50 años.
"Codificar Roe contribuirá en gran medida a proteger el derecho a determinar nuestra propia autonomía corporal aquí en la Commonwealth. Actualmente, el derecho a tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo está amenazado porque los extremistas se niegan a aceptar la realidad de que el aborto es un procedimiento sanitario necesario y vital", dijo Cappelletti. "Debemos hacer todo lo posible para proteger e incluso ampliar el acceso, y esta legislación es el primer paso para hacerlo".
En 1973, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó en el caso Roe contra Wade que dejar el derecho al aborto en manos de cada estado constituía una violación del derecho a la intimidad y a la igualdad de protección ante la ley. Esta sentencia había proporcionado a las mujeres estadounidenses las libertades reproductivas y las opciones de salud personal que merecen como ciudadanas iguales.
"La sentencia del Tribunal Supremo de la semana pasada arrebató a millones de estadounidenses el derecho federal a buscar atención sanitaria reproductiva que les salve la vida. El aborto sólo es legal en Pensilvania en este momento porque los proyectos de ley contra el derecho a decidir presentados por los republicanos en la legislatura han sido vetados por el gobernador. Ha llegado el momento de codificar Roe en la legislación estatal para garantizar que la atención sanitaria reproductiva siga siendo segura y accesible para las generaciones futuras", añadió Williams. "Decidir si se quiere formar una familia, cuándo y con quién es un derecho humano. Confío en que la gente tome las mejores decisiones sobre su vida, su familia y su atención sanitaria. Esta legislación trata de nuestro derecho a la intimidad y nuestro derecho a la autonomía corporal, y estoy orgullosa de apoyarla."
En la opinión disidente presentada el viernes, el juez del Tribunal Supremo Stephen Breyer escribió que "retirar a una mujer el derecho a elegir si desea continuar con un embarazo no significa que no se esté eligiendo. Significa que una mayoría del Tribunal de hoy ha arrancado esta elección a las mujeres y se la ha dado a los Estados. Permitir que un Estado ejerza el control sobre una de "las elecciones más íntimas y personales" que puede hacer una mujer no es sólo afectar al curso de su vida, por monumentales que puedan ser esos efectos".
"Después de casi 50 años de precedentes legales, estamos viendo nada menos que un retroceso de nuestros derechos fundamentales a la autonomía corporal. Esta sentencia podría ser devastadora para los ciudadanos de Pensilvania, pero no tiene por qué serlo", añadió Collett. "Nuestra legislatura debe codificar Roe contra Wade y garantizar una atención reproductiva segura, legal y accesible para todos, independientemente de su nivel de ingresos u otras barreras sociales."
Según un sondeo realizado en abril de 2022 por el Franklin & Marshall College, que viene realizando encuestas periódicas sobre esta cuestión desde 2009, sólo el 16% de los habitantes de Pensilvania cree que el aborto debería ser ilegal en todas las circunstancias.
"Sin Roe, las legislaturas estatales de todo el país se alinearán para restringir, prohibir o proteger el acceso al aborto. Dado que sólo el 30% de los ciudadanos de Pensilvania están de acuerdo con la anulación de Roe, creo que esta legislación hará lo que nuestros electores esperan que hagamos: proteger el acceso al aborto", dijo Schwank. "No podemos permitir que las decisiones personales sobre el cuidado de la salud de la gente de esta Commonwealth sean tomadas por una minoría ruidosa".
Todos los senadores coinciden en que corresponde al poder legislativo tomar medidas para proteger la libertad de elección de las mujeres.
"Aunque el aborto sigue siendo seguro y legal en Pensilvania, debemos tomar medidas para que siga siéndolo. Al revocar el caso Roe contra Wade, el Tribunal Supremo demostró lo frágiles que son las protecciones de la salud, los derechos y las opciones de las mujeres", dijo Comitta. "Codificar estas protecciones en la ley es una cuestión de representar a la mayoría de los votantes de Pensilvania que creen que el aborto debe ser legal, defender a todas las mujeres y decir no a una agenda extremista de embarazos impuestos por el gobierno".
Los senadores indicaron que se está redactando un borrador para codificar las protecciones de la sentencia Roe contra Wade de 1973 en la legislación de Pensilvania y que se presentará en breve.
"Acabamos de presenciar una derogación sin precedentes de los derechos de las mujeres en Estados Unidos por parte de jueces activistas que actúan en contra de los intereses de la mayoría de los estadounidenses. La legislatura de Pensilvania tiene que actuar ahora para garantizar que protegemos los derechos de las mujeres aquí en Pensilvania", dijo Tartaglione. "Esta legislación garantizará que las mujeres conserven el derecho a abortos seguros y protege a las mujeres de que el gobierno interfiera en el proceso privado de toma de decisiones entre ella y su equipo sanitario".
Haga clic aquí para leer el memorándum de copatrocinio que se distribuyó el viernes.
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24 de junio de 2022
Harrisburg - 24 de junio de 2022 - Las copresidentas de la Pennsylvania Women's Health Caucus (WHC) y los miembros de la Pennsylvania State Senate Democratic Caucus criticaron la sentencia dictada hoy por el Tribunal Supremo de EE.UU. en el caso Dobbs v. Jackson Women's Health Organization. La sentencia del tribunal no sólo confirma una ley de Mississippi que prohíbe el aborto después de las 15 semanas, sino que va más allá y anula tanto el caso Roe contra Wade como el caso Planned Parenthood contra Casey, abriendo la puerta a que los estados prohíban rotundamente o restrinjan severamente el aborto.
La sentencia elimina el derecho constitucional al aborto reconocido por la sentencia Roe contra Wade de 1973. Desde que se filtró un borrador de la opinión escrita por el juez Samuel Alito y su autenticidad fue confirmada posteriormente por el tribunal, grupos de defensa, funcionarios electos y partes interesadas han estado lanzando advertencias funestas sobre lo que significaría una decisión tan radical y el impacto perjudicial que tendría en la salud de millones de estadounidenses.
Tras la decisión de hoy, los 13 estados que aprobaron leyes de provocación tienen ahora prohibiciones o severas restricciones ya consagradas en la ley, lo que deja a millones de estadounidenses sin acceso inmediato al aborto. Las leyes de Arkansas, Idaho y Oklahoma penalizan ahora el aborto con penas que van de 5 a 10 años de prisión.
"La decisión del Tribunal Supremo es absolutamente demoledora y un duro golpe para las mujeres de todo el país", dijo la copresidenta del WHC, la senadora Judy Schwank (D-11ª). "Tenemos una crisis de mortalidad materna en la Commonwealth y en los EE.UU. que sólo se verá agravada por esta decisión imprudente e ideológicamente impulsada. Nuestro objetivo ahora debe ser preservar el acceso que los residentes de Pensilvania tienen actualmente a la atención de la salud reproductiva que, sin duda, será objeto de nuevos ataques en la legislatura estatal."
"La anulación del caso Roe contra Wade es una decisión devastadora que afectará a millones de mujeres y mujeres embarazadas de todo el país", declaró la copresidenta del WHC, la senadora Amanda Cappelletti. "Las mujeres y las mujeres embarazadas no son ciudadanas de segunda clase. La autonomía corporal es un derecho humano y el aborto sigue siendo legal en Pensilvania. Haré todo lo que esté en mi mano para garantizar que siga siendo así en nuestra Commonwealth".
"A pesar de la decisión de hoy, aquí en Pensilvania, tenemos que asegurarnos de que mantenemos el derecho al acceso legal y seguro al aborto y que seguimos luchando por las mujeres y las familias en todo el estado para esta opción", dijo el copresidente de WHC, el representante Morgan Cephas (D-192nd). "Limitar el acceso a la atención médica del aborto sólo exacerbará los desiertos de atención de salud materna que hemos visto en todo nuestro estado y empeorar la carga de las decisiones que las mujeres y las familias tienen que hacer durante este tiempo difícil en sus vidas."
"Esta decisión no sólo es una decepción extrema, sino que está completamente fuera de sintonía con lo que apoya la mayoría de los estadounidenses, incluso aquí en Pensilvania", dijo el líder demócrata del Senado estatal, el senador Jay Costa (D-43rd). "Cuando los derechos reproductivos se ven amenazados, la atención sanitaria de las mujeres a todos los niveles está en peligro. En lugar de restringir la atención sanitaria para las mujeres, los demócratas del Senado se han comprometido a hacer que el sistema de salud funcione aún mejor para las mujeres y sus necesidades específicas de salud. En lugar de despojar a las mujeres de sus derechos y abrir la puerta a que otros pierdan también derechos fundamentales, los demócratas del Senado utilizaremos nuestras posiciones para identificar los verdaderos retos sanitarios y las soluciones para las mujeres de esta Commonwealth. Una asistencia sanitaria proactiva, imparcial, cómoda y solidaria debería ser fácilmente una realidad para las mujeres, y seguiremos haciendo de ello una prioridad."
"Es un día muy aterrador para nuestro país", dijo la senadora Katie Muth (D-44ª). "Esta decisión demuestra que el más alto tribunal del país ahora incluye la política radical en su proceso de toma de decisiones. Esto es lo que sucede cuando el tribunal está formado por un Presidente que no era apto para servir al público. Ahora, debemos tomar nuestra ira y convertirla en acción, y hacer que cada funcionario electo rinda cuentas porque nunca retrocederemos en la lucha para proteger nuestros derechos, nuestros cuerpos y nuestro derecho a elegir."
"Aunque esta decisión era de esperar, no por ello es menos devastadora", dijo la senadora Maria Collett (D-12ª). "Sin Roe, lo que suceda en la legislatura de Pensilvania es más importante que nunca, y los miembros de la mayoría republicana ya han presentado proyectos de ley impopulares que hacen retroceder el reloj y prohíben efectivamente todo el aborto. Tenemos que ampliar el acceso a la asistencia sanitaria en toda nuestra Commonwealth, no eliminarlo, y voy a seguir luchando para asegurar que las mujeres puedan controlar sus propias decisiones médicas."
"Fundamentalmente, la decisión de la Corte Suprema de anular el caso Roe contra Wade es un ataque al derecho constitucional de toda persona a tomar decisiones sobre su cuerpo y su salud reproductiva", dijo el senador Tim Kearney (D-26º). "La investigación muestra que limitar el acceso a los abortos causará más daño, desigualdades y posiblemente muertes, especialmente para los pobres y las comunidades vulnerables a las disparidades de salud o la falta de atención sanitaria adecuada. Ahora Pensilvania debe tomar las medidas necesarias para proteger el derecho al aborto. La responsabilidad recaerá en nuestra Commonwealth y en los votantes en estas próximas elecciones para seleccionar candidatos cuyas posiciones políticas se alineen con las suyas. Debemos hacer todo lo posible para garantizar que los ciudadanos de Pensilvania sigan teniendo acceso a abortos seguros y legales."
"Decir que estoy decepcionada por esta decisión sería quedarme muy corta", dijo la senadora Carolyn Comitta (D-19ª). "Esta sentencia del Tribunal Supremo es un ataque flagrante a las libertades personales, los derechos reproductivos y el acceso a la atención sanitaria de las mujeres de todo el país. El aborto es asistencia sanitaria. Las decisiones que tomen las mujeres sobre su propio cuerpo deberían ser sólo entre ellas y sus médicos. La sentencia de hoy será una llamada a redoblar nuestros esfuerzos para proteger los derechos reproductivos y el acceso a la atención sanitaria vital para las mujeres en Pensilvania y en todo EE.UU.".
"Estoy consternada y decepcionada con el Tribunal Supremo por anular décadas de precedentes y casi de la noche a la mañana hacer retroceder generaciones de trabajo que habían sido duramente luchadas y ganadas", dijo la senadora Christine Tartaglione (D-2). "No nos equivoquemos, el Tribunal Supremo no ha acabado hoy con el aborto en Estados Unidos, sino con el aborto seguro en Estados Unidos. Ahora debemos continuar la lucha que tantos han estado librando durante años y elegir candidatos pro-aborto y pro-mujeres este otoño. Ahora debemos actuar para garantizar y consagrar en la legislación de Pensilvania el derecho de acceso a la atención del aborto para todas las mujeres."
Colectivamente, los copresidentes del WHC expresan ahora la importancia de organizarse en torno al derecho al aborto y de actuar para preservar el acceso al aborto que existe actualmente en Pensilvania.
Por el momento, el aborto sigue siendo seguro y legal en Pensilvania, sin embargo, los republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado de Pensilvania han señalado que actuarán agresivamente para prohibir o restringir el aborto en la Commonwealth.
Actualmente están barajando la posibilidad de presentar una enmienda constitucional vagamente redactada en la que se declare que no existe el derecho constitucional al aborto en Pensilvania en ambas cámaras para evitar el veto. La enmienda constitucional podría presentarse en las elecciones primarias de 2023.
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22 de junio de 2022
Harrisburg, PA - 22 de junio de 2022 - Hoy, los demócratas del Senado de Pensilvania celebró una conferencia de prensa poco después de que el presidente Joe Biden hizo un llamamiento a los legisladores federales y estatales para detener los impuestos sobre la gasolina.
"Nuestra postura es simple; estamos pidiendo a los republicanos del estado a unirse a nosotros en el apoyo a una suspensión al impuesto estatal sobre la gasolina. Sabemos que hay preocupación por la pérdida de ingresos, mientras que la pausa está en su lugar, pero Pennsylvania tiene miles de millones en fondos excedentes que pueden ser utilizados para mantener las carreteras y puentes durante las vacaciones del impuesto sobre la gasolina", dijo el senador Jay Costa, líder demócrata del Senado. "Se trata de poner a las personas por encima de los beneficios empresariales. Tenemos que poner en marcha un día festivo del impuesto sobre la gasolina, utilizar el superávit presupuestario de Pensilvania para asegurar que nuestras carreteras y puentes sigan recibiendo la financiación que necesitan, y responsabilizar a la industria del petróleo y el gas para que trasladen el ahorro a los consumidores."
Varios senadores demócratas se unieron al senador Costa, entre ellos el senador Hughes, el senador Boscola, el senador Cappelletti, el senador Flynn, el senador Haywood, el senador Santarsiero, el senador Schwank y el senador Street. Todos ellos expresaron su apoyo al llamamiento del Presidente a los estados para que suspendan el impuesto sobre la gasolina y se aseguren de que ese ahorro repercuta en los consumidores y no sea absorbido por la industria del petróleo y el gas.
"Tenemos el dinero para apoyar una moratoria del impuesto sobre la gasolina. Podemos dar a las familias trabajadoras un poco de alivio en la bomba de gas y aún así asegurarse de que nuestras carreteras y puentes reciben financiación", dijo el senador Vincent Hughes. "Y cuando hacemos esta reducción de impuestos, la industria del petróleo y el gas tienen que dejar esos ahorros para los consumidores. Estamos dando un paso adelante. Estamos respondiendo a la llamada del Presidente. Es hora de que los republicanos estatales y la industria del petróleo y el gas den un paso al frente también."
La senadora Lisa Boscola y el senador Marty Flynn han presentado recientemente proyectos de ley que suspenderían temporalmente el impuesto sobre la gasolina en Pensilvania. Una moratoria estatal del impuesto sobre la gasolina podría suponer un ahorro medio de treinta céntimos por galón para los consumidores.
"Aplaudo el llamamiento del Presidente Biden en favor de una moratoria del impuesto sobre la gasolina", dijo el senador Marty Flynn. "Ahora mismo, las familias de Pensilvania están pagando el triple por la gasolina en comparación con lo que pagaban el año pasado. Este es uno de los problemas más acuciantes para las familias, y tenemos dinero en el banco para ayudarles. Ya está bien de nombrar puentes, es hora de que hagamos algo por la gente".
"La reducción del impuesto sobre la gasolina es algo que podemos hacer de inmediato en esta tormenta de inflación", dijo la senadora Lisa Boscola. "Los miles de millones en superávit que tenemos es dinero de los contribuyentes, y los contribuyentes merecen algo de este dinero de vuelta. Combinado con el plan federal, un estado de vacaciones impuesto sobre la gasolina daría un ahorro real a las familias."
El senador Collett, el senador Dillon, el senador Fontana, el senador Kearney y el senador Lindsey Williams también asistieron a la conferencia de prensa para mostrar su apoyo a la propuesta de una moratoria del impuesto estatal sobre la gasolina.
El vídeo completo de la rueda de prensa y los comentarios de todos los oradores de la bancada demócrata en el Senado están disponibles en línea.
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6 de diciembre de 2021
READING, 6 de diciembre de 2021 - La senadora estatal Katie Muth (D- Berks/Chester/Montgomery), presidenta del Comité de Política Demócrata del Senado de Pensilvania, se unió hoy a las senadoras Judy Schwank y Christine Tartaglione para organizar una audiencia pública sobre la evaluación y mejora de los centros de tratamiento de drogas en Pensilvania.
"Las alarmantes tasas de abuso de sustancias y sobredosis de drogas se han magnificado a lo largo de la pandemia de COVID-19. Y cuando las personas y sus familias piden ayuda y buscan tratamiento, no disponen de los recursos y la información necesarios para tomar una decisión informada sobre los centros de tratamiento. Las familias de Pensilvania se merecen algo mejor", afirmó el senador Muth. "La audiencia política de hoy permitió a nuestro Comité escuchar a las familias que han perdido trágicamente a sus seres queridos a causa de la adicción, y también nos dio la oportunidad de discutir posibles soluciones legislativas y cambios de política que pueden mejorar el proceso de evaluación y los resultados del tratamiento de los centros de tratamiento de drogas de Pennsylvania. Los datos de las encuestas sobre los resultados de los pacientes deberían guiar los planes de tratamiento, no las compañías de seguros que a menudo deniegan la cobertura de los cuidados necesarios para una recuperación satisfactoria."
Pensilvania tiene una de las tasas más altas de sobredosis de drogas del país y las muertes por sobredosis de drogas han aumentado en 46 de los 67 condados de Pensilvania durante la pandemia de COVID-19. El Centro Nacional de Estadísticas de Salud del Centro de Control de Enfermedades indicó que hubo más de 100.000 muertes por sobredosis de drogas en los Estados Unidos durante el período de 12 meses que finalizó en abril de 2021, un aumento del 28,5% con respecto al año anterior.
"Debemos replantearnos nuestro enfoque para abordar adecuadamente la actual epidemia de opiáceos, y una forma de hacerlo es fijarnos en los centros de tratamiento de la drogadicción. Las personas que dan el paso crucial de buscar tratamiento para la adicción necesitan tener acceso a toda la información que necesitan para tomar la decisión correcta para sus circunstancias particulares", dijo Schwank. "Esta audiencia nos ha brindado la oportunidad de aprender directamente de las personas afectadas por la adicción, de los proveedores de tratamiento y de los reguladores estatales. Nos dará la oportunidad de comprender mejor qué factores hacen que el tratamiento farmacológico sea más eficaz."
El senador Schwank ha presentado dos proyectos de ley - Proyecto de Ley del Senado 975 y Proyecto de Ley del Senado 976 - para hacer frente a los problemas con los centros de tratamiento de drogas de Pennsylvania y hogares de recuperación. Proyecto de ley del Senado 975 requeriría que el Departamento de Programas de Drogas y Alcohol de Pensilvania (DDAP) para distribuir una encuesta anual a todos los centros de tratamiento de trastornos por uso de sustancias y hogares de recuperación que operan en PA, registro, y publicar en línea para el acceso público las respuestas proporcionadas por los centros de tratamiento y hogares de recuperación. El proyecto de ley 976 del Senado prohibiría a cualquier centro de tratamiento de Pensilvania negarse a admitir a cualquier persona que se presente en un centro de tratamiento solicitando servicios médicos o psicológicos para tratar un trastorno por consumo de sustancias, incluso si la persona se encuentra bajo los efectos de las drogas o el alcohol en el momento en que se presenta. También prohibiría a cualquier compañía de seguros médicos que opere en Pensilvania negarse a cubrir la admisión y la prestación de servicios médicos y psicológicos.
"Hoy ha sido un paso crucial para abordar la crisis que es la adicción, y el fracaso del tratamiento que la rodea", dijo Tartaglione. "Los cambios demográficos de la adicción y las sobredosis nos muestran que no hay comunidad en esta mancomunidad que no haya sido tocada por su devastación, desde Erie a Philly y Allentown a Pittsburgh, los demócratas del Senado de PA se dedican a mejorar y ampliar los servicios de tratamiento de la adicción ofrecidos."
La Comisión de Política Demócrata del Senado escuchó a varios panelistas en el Reading Area Community College, entre los que se encontraban representantes de la Opioid Crisis Action Network, el Self-Help Movement, la Caron Foundation, el Council on Chemical Abuse y el Pennsylvania Department of Drug and Alcohol Programs.
Todos los testimonios presentados en la audiencia de hoy y el vídeo completo están disponibles en SenatorMuth.com/Policy
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Testimonio
Panel 1: Personas afectadas
Panel 2: Proveedores de asistencia
Panel 3: Soluciones políticas
4 de noviembre de 2021
HARRISBURG, 4 de noviembre de 2021 - La senadora estatal Katie Muth (D- Berks/Chester/Montgomery), presidenta del Comité de Política Demócrata del Senado de Pensilvania, se unió hoy a los senadores estatales Sharif Street (D-Filadelfia), Anthony Williams (D-Filadelfia/Delaware) y Judy Schwank (D-Berks) para organizar una audiencia pública virtual sobre la necesidad de poner fin a la libertad condicional de por vida en Pensilvania.
"Estamos gastando demasiados recursos como estado en el seguimiento de violaciones no violentas y técnicas de la libertad condicional en lugar de centrar nuestros esfuerzos en mejorar y ampliar los programas de reinserción y los recursos para asegurar que aquellos que han cumplido su condena tengan la oportunidad de prosperar y tener éxito", dijo Muth. "Tenemos que poner fin al castigo ineficaz del ciclo de prisión y libertad condicional. Las investigaciones demuestran que las condenas a cadena perpetua en libertad condicional no mejoran la seguridad pública ni disminuyen la delincuencia. Nuestro estado tiene el mayor número de personas en libertad condicional y la mayor tasa de supervisión de la libertad condicional en el país. Los contribuyentes de Pensilvania están pagando por este inútil mecanismo de control indefinido que impacta negativamente en las vidas de personas que están tratando de establecer sus vidas de una manera positiva y productiva."
El Comité de Política Democrática del Senado escuchó el apoyo de los testigos para la legislación redactada que propone poner fin a las sentencias de libertad condicional de por vida en Pennsylvania. La propuesta de Sunset de Libertad Condicional y Libertad Condicional Ley limitaría las penas de libertad condicional a seis años y permitir una vía para una reducción de esa sentencia a tres años mediante la creación de un sistema para reducir la duración de una sentencia de libertad condicional por 30 días por cada 30 días que la persona va sin una violación de la libertad condicional.
"Pensilvania tiene demasiadas personas bajo supervisión, estamos a la cabeza del país en este aspecto. La supervisión masiva y el encarcelamiento masivo están inextricablemente vinculados. La libertad condicional y la libertad bajo palabra tenían por objeto reducir el número de personas que encarcelamos. Pero dados los abusos y la forma en que ha evolucionado el sistema, ahora está alimentando el encarcelamiento masivo", dijo Street. "Aprecio la humanidad de los testigos y defensores de hoy por presentar ideas en torno a la política para solucionar esto. Es un imperativo moral que no encarcelemos ni supervisemos en exceso. También es un imperativo fiscal que el gobierno administre bien el dinero de los contribuyentes. En última instancia, las personas a las que pagamos por hacer este trabajo tendrán una vida más plena, al igual que las que están bajo supervisión constante".
En la audiencia participaron tres residentes de Pensilvania afectados por la libertad condicional: Megan French-Marceilin, Color of Change; Reuben Jones, Dignity and Power Now; Insha Rahman, Vera Institute for Justice; y Nicole Porter, Sentencing Project.
"Es inaceptable que los miembros de nuestras comunidades, que han cumplido el tiempo asignado para los delitos por los que fueron condenados, se enfrenten a una interminable sentencia de libertad condicional tras su puesta en libertad. Esto no hace que nuestras comunidades sean más seguras ni reduce la reincidencia, sino exactamente lo contrario. Permite que personas inocentes vuelvan a la cárcel por violar técnicamente las condiciones de su libertad condicional, pero sin cometer nuevos delitos", añadió Williams. "Esto no es justicia, y debemos poner fin a esta práctica sistémicamente injusta que da lugar a una costosa e indebida puerta giratoria desde nuestras comunidades de vuelta al sistema penitenciario".
Según un informe de Human Rights Watch, Pensilvania tiene la tasa más alta de libertad condicional del país, y en 2016, más personas fueron enviadas a centros correccionales estatales por violaciones de la libertad condicional que por cualquier otro delito.
"Como muchos estados, Pensilvania no ha dado los pasos necesarios para mejorar la equidad de nuestro sistema de justicia penal. Cada vez más, la gente empieza a darse cuenta de que encerrar a la gente no siempre es la mejor respuesta a los problemas de la sociedad. Lo que podemos hacer es invertir en las personas y ofrecer a todos la oportunidad de corregir sus errores y desarrollar todo su potencial", declaró Schwank. "Este excelente grupo de testigos compartió de manera muy poderosa cómo podemos hacer esto en Pensilvania y por qué es importante que actuemos ahora".
Según la Prison Policy Initiative, aproximadamente dieciséis estados han abolido o reducido la libertad condicional discrecional. La mayoría de los estados tienen desde un sistema de libertad condicional presunta -cuando se cumplen determinadas condiciones, la libertad condicional está garantizada- hasta políticas y prácticas que dificultan enormemente la obtención de la libertad.
"El testimonio escuchado esta mañana pone en evidencia el diseño oneroso y cruel del actual sistema de libertad condicional - un sistema que está funcionando precisamente como fue diseñado para extender el castigo carcelario a través de grilletes invisibles", dijo Megan French-Marcelin, PhD, Directora de Campaña para la Justicia Penal de Color of Change. "Si supiéramos que más de la mitad de las personas en las prisiones estatales están allí por violaciones de la libertad condicional, podríamos reducir la población carcelaria a la mitad - acabando así con la separación familiar y fomentando la estabilidad socioeconómica de las familias y las comunidades."
Todos los testimonios presentados en la audiencia de hoy y el vídeo completo están disponibles en SenatorMuth.com/Policy
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Testimonio
Panel 1: Personas directamente afectadas condenadas a cadena perpetua
Panel 2: Política
Panel 3: Expertos nacionales
5 de octubre de 2021
HARRISBURG, 5 de octubre de 2021 - La senadora estatal Katie Muth (D- Berks/Chester/Montgomery), presidenta del Comité de Política Demócrata del Senado de Pensilvania, se unió hoy a las senadoras estatales Amanda M. Cappelletti (D-Montgomery/Delaware) y Judy Schwank (D-Berks) para organizar una audiencia pública virtual sobre la necesidad de adaptaciones laborales para las embarazadas de Pensilvania. Amanda M. Cappelletti (D-Montgomery / Delaware) y Judy Schwank (D-Berks) para acoger una audiencia pública virtual sobre la necesidad de adaptaciones en el lugar de trabajo para las embarazadas de Pensilvania.
"Las estadísticas muestran que las mujeres constituyen aproximadamente la mitad de la población activa, y que las mujeres trabajadoras son el principal o único sostén económico del 40% de las familias estadounidenses. Aún así, las mujeres se enfrentan a obstáculos en el lugar de trabajo que ponen en peligro su capacidad para mantener a sus familias, como la discriminación por embarazo y la negativa de un empresario a conceder a una empleada una solicitud razonable de adaptaciones menores temporales", dijo Muth. "El proyecto de ley 716 del Senado es una legislación de sentido común que protegería a las mujeres embarazadas de Pensilvania y espero que la audiencia de hoy haya llamado la atención sobre estas adaptaciones tan necesarias en el lugar de trabajo."
El Comité de Política escuchó el apoyo de los ponentes al proyecto de ley 716 del Senado, presentado por el senador Cappelletti, que considera ilegal que un empresario rechace la solicitud de un empleado de una adaptación razonable, a menos que ello suponga una carga excesiva para el empresario.
"La audiencia de hoy ilustró lo necesarias que son las protecciones del proyecto de ley 716 del Senado para las embarazadas de Pensilvania", dijo Cappelletti. "Las personas embarazadas no deberían tener que elegir entre un cheque de pago y un embarazo saludable, especialmente cuando se pueden hacer cambios pequeños y razonables para acomodar a las trabajadoras embarazadas mientras se mantiene un ambiente de trabajo saludable y productivo."
Participaron en la audiencia Marianne Fray, directora ejecutiva de Maternity Care Coalition; Sophia Elliot, becaria jurídica de Women's Law Project; Kerin Kohler, trabajadora social de Women's Health Center; y Myra Taylor, miembro de SEIU, enfermera titulada de Allegheny General Hospital.
"Los problemas a los que nos enfrentamos en materia de adaptaciones laborales para las mujeres embarazadas no son nuevos. Como subrayaron nuestros testigos, demasiadas mujeres sufren discriminación por embarazo en el lugar de trabajo, y de forma desproporcionada, suelen ser mujeres de color. Negar a las mujeres embarazadas adaptaciones sencillas y de sentido común puede dar lugar a complicaciones de salud a largo plazo y obligar a las mujeres a abandonar el mercado laboral", añadió Schwank. "La promulgación de la SB 716 es una medida no controvertida que debería haberse adoptado hace tiempo y que ya no obligará a las mujeres a elegir entre su salud y un sueldo".
Según el proyecto de ley, algunas adaptaciones razonables son proporcionar descanso periódico o una silla a un empleado que permanezca de pie durante un largo periodo de tiempo, ayuda para levantar objetos pesados, acceso a agua potable, tiempo de descanso no compensado y reestructuración temporal del puesto de trabajo. Además, la legislación prohibirá a los empresarios negar oportunidades de empleo a los empleados basándose en su solicitud de adaptaciones.
"Cuando un empresario niega a una persona embarazada adaptaciones razonables -como un
Para Sophia Elliot, del Women's Law Project, "la SB 716 garantiza que los empresarios protejan la seguridad y promuevan la igualdad de un segmento importante y crítico de la mano de obra, pero al mismo tiempo este proyecto de ley no impone dificultades indebidas a ningún empresario". "El SB 716 garantiza que los empleadores protejan la seguridad y promuevan la igualdad de un segmento crítico y amplio de la mano de obra, pero por la misma razón este proyecto de ley no impone una dificultad indebida a ningún empleador."
En la actualidad, doce estados han aprobado leyes que obligan a los empresarios a realizar ajustes razonables para las empleadas embarazadas.
"El número de demandas por discriminación en el embarazo presentadas anualmente ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo no ha dejado de aumentar desde hace dos décadas", declaró Marianne Fray, directora general de Maternity Care Coalition. "La discriminación por embarazo afecta a todas las personas que dan a luz, pero afecta de manera desproporcionada a las mujeres de color, muchas de las cuales están representadas en empleos de bajos ingresos."
Todos los testimonios presentados en la audiencia de hoy y el vídeo completo están disponibles en SenatorMuth.com/Policy
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Testimonio
22 de septiembre de 2021
Harrisburg, Pa. - 22 de septiembre de 2021 - Los senadores Lindsey M. Williams (D-Allegheny), Katie Muth (D-Chester, Montgomery y Berks), Amanda M. Cappelletti (D-Montgomery y Delaware), John Kane (D-Chester y Delaware), Tim Kearney (D-Chester y Delaware), y Judy Schwank (D-Berks) celebraron ayer una conferencia de prensa para instar a los republicanos del Senado y al líder de la mayoría, el senador Kim Ward, a unirse a ellos para hacer un compromiso real con la rendición de cuentas y la transparencia mediante la consideración de las 14 enmiendas individuales al Reglamento del Senado que han introducido.
"Es hora de dejar de hablar de cómo podemos ser mejores en la transparencia y la rendición de cuentas y el tiempo para hacer realmente mejor", dijo el senador Williams. "Estas enmiendas a las normas son todas las medidas simples, no partidistas que garanticen las voces de todos los residentes de Pennsylvania se escuchan, no sólo los que tienen poder e influencia. Estamos pidiendo al senador Ward, como Presidente del Comité de Reglas y Nominaciones Ejecutivas, que considere estas Resoluciones individuales por sus méritos, porque todas y cada una son medidas de buen gobierno destinadas a mejorar la calidad de la representación, la accesibilidad y la transparencia del Senado para todos los habitantes de Pennsylvania e infundir más confianza en esta institución."
El Senado adopta sus propias normas de funcionamiento cada dos años al comienzo del nuevo periodo de sesiones. El pasado mes de enero, el senador Muth y el senador Williams presentaron un Reglamento del Senado alternativo que incorporaba muchas de las enmiendas de hoy; como era de esperar, estos cambios nunca fueron considerados y la propuesta de "statu quo" del Partido Mayoritario fue adoptada a pesar de las objeciones de muchos miembros del Partido Minoritario.
"Nuestro gobierno debe ser transparente, pero lamentablemente muchas de las normas de funcionamiento del Senado permiten al Partido de la Mayoría dar prioridad a la política sobre la política y silenciar a otros miembros que están tratando de abogar por sus electores y, a menudo, por lo que es correcto y justo", dijo el senador Muth. "Durante demasiado tiempo, hemos permitido que la mayoría dicte las reglas y operaciones del Senado del Estado - nuestro paquete de Resoluciones de Reforma de las Reglas del Senado señala que nuestro Caucus ya no aceptará los negocios como de costumbre cuando se trata de un proceso legislativo abierto y justo." "La forma en que opera el Senado es inherentemente roto", declaró el senador Cappelletti. "Fomenta un desequilibrio de poder que silencia las voces de todos los residentes de Pensilvania. Mediante la reforma de las normas del Senado, podemos tener más equidad y transparencia. Podemos tener un gobierno que escuche a la gente y trabaje para la gente".
También se incluyen en el paquete de enmiendas al Reglamento del Senado medidas que exigen que toda la legislación reciba una votación(SR 76) en comisión. Actualmente, menos de 1 de cada 5 proyectos de ley presentados por la Asamblea General llega a ser considerado. También se requeriría la acción sobre los proyectos de ley que reciben la aprobación unánime en la Cámara o que son co-patrocinados por la mayoría de los miembros del Partido de la Mayoría y la mayoría de los miembros del Partido de la Minoría, (SR 85).
"Es hora de que los juegos partidistas lleguen a su fin y comience una verdadera rendición de cuentas", declaró el senador Kearney. "Los votantes no nos enviaron aquí para perder el tiempo y el dinero de los contribuyentes, nos enviaron aquí para hacer crecer nuestra economía, arreglar nuestra infraestructura rota, hacer que nuestras comunidades sean saludables y apoyar la educación de nuestros hijos. He estado en esta cámara durante casi tres años, y cada día se hace más evidente el impacto que estas normas tienen en mi capacidad para hacer mi trabajo."
"Soy un tipo de clase trabajadora: pasé cuatro décadas como fontanero sindicalizado. Y no creo que haga falta un título superior para seguir y expresar tu opinión sobre lo que hacen tus funcionarios electos", dijo el senador Kane. "Mis colegas y yo estamos introduciendo reformas de las normas para asegurar que nuestro gobierno está trabajando para el pueblo. Ya es hora de que los ciudadanos de Pensilvania tengan una representación real en el Senado."
"Nuestros electores merecen el más alto nivel de transparencia cuando se trata de lo que está sucediendo dentro de nuestro gobierno estatal", dijo el senador Schwank. "Todos los proyectos de ley propuestos como parte de este paquete ayudarán a dar a la gente la fe de que nuestro gobierno está trabajando para ellos, y no deben esperar menos. Muchas de estas medidas son soluciones de sentido común que dan a todos la oportunidad de ser escuchados."
La lista completa de las resoluciones presentadas y pendientes de aprobación por la Comisión de Normas del Senado es la siguiente:
SR 75 (Cappelletti): Garantizar la adecuada notificación pública de la acción del Senado
SR 76 (Williams): Cada proyecto de ley tiene un voto
SR 77 (Muth): Ampliación de los requisitos legislativos y la acción para los proyectos de ley sobre la concurrencia
SR 78 (Williams): Exigir la participación de la mayoría y la minoría del partido para llevar a cabo negocios oficiales
SR 79 (Muth): Garantizar la representación bipartidista en los Comités Especiales
SR 80 (Muth): Cada resolución tiene un voto
SR 81 (Muth): Cada enmienda tiene un voto
SR 82 (Williams): Garantizar una representación equitativa en los comités permanentes
SR 83 (Williams): Exigir que los votos de enmienda se coloquen en el sitio web de cara al público del Senado
SR 85 (Kearney): Requerir Acción sobre Legislación Bipartidista y Unánime
SR 86 (Muth): Vídeo en directo del pleno del Senado
SR 114 (Kane): Obligar a un voto de dos tercios para ciertas mociones
SR 155 (Schwank): Autorizar a los presidentes de los partidos minoritarios para celebrar audiencias del Comité
SR 156 (Schwank): Facultar a los presidentes de las minorías para añadir la legislación a la agenda del Comité
Senadora Amanda M. Cappelletti Contacto: Sara Kelly
Sara.Kelly@pasenate.com/ 845-216-4057
Senadora Katie Muth Contacto: Jeff Cavanaugh
Jeffrey.Cavanaugh@pasenate.com/ 570-351-6138
Senador John Kane Contacto: Abby Diebold
Abby.Diebold@pasenate.com/ 484-861-4686
Senador Tim Kearney Contacto: Aignér Cleveland
Aigner.Cleveland@pasenate.com/ 610-544-6120
Senadora Judy Schwank Contacto: Spencer Thornburg
Spencer.Thornburg@pasenate.com/ 610-929-2151
Senadora Lindsey M. Williams Contacto: Becky Boyle
Becky.Boyle@pasenate.com/ 412-364-0469
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17 de mayo de 2021
Harrisburg - 17 de mayo de 2021 - A petición de los senadores estatales Judy Schwank (D-Berks) y Lindsey M. Williams (D-Allegheny), el Comité de Política Democrática del Senado de Pensilvania celebró una audiencia pública virtual sobre el impacto del plan de rediseño del sistema estatal de educación superior de Pensilvania (PASSHE).
"Formo parte de la Junta de Gobernadores de PASSHE, y a través de ese cargo he tenido la oportunidad de reunirme con estudiantes, profesores, presidentes de universidades y fideicomisarios de todos los campus", dijo Schwank. "Sé de primera mano lo importantes que son estas instituciones tanto para los estudiantes que asisten a ellas como para las comunidades en las que están ubicadas. El sistema es un activo innegable para la Commonwealth. Tengo la esperanza de que a través de un diálogo honesto y constructivo, mis colegas y yo aprenderemos más sobre el estado actual de PASSHE y el impacto que el plan de integración tendrá en todos los aspectos del sistema. Nuestra tarea como legisladores, y la de todas las partes interesadas, es conseguir un plan que ayude al sistema a sobrevivir y prosperar. Muchos ciudadanos de Pensilvania cuentan con nosotros para dar estabilidad al sistema y ponerlo en marcha para servir a generaciones de estudiantes."
PASSHE ha abogado por un rediseño del sistema desde su revisión estratégica en 2016. La revisión integral se llevó a cabo porque los desafíos fiscales dentro de la red de 14 miembros de PASSHE mostraron que el curso financiero actual en el que se encontraban era insostenible.
La Ley 50 de 2020 proporciona la autoridad y la orientación para que la Junta de Gobernadores del PASSHE reestructure las instituciones del PASSHE.
"En los últimos meses, hemos escuchado al canciller Greenstein hablar de su propuesta de plan de rediseño, pero una de las cosas que faltan en esas conversaciones han sido las voces de los más directamente afectados por estos cambios: nuestros estudiantes, profesores y personal", dijo el senador Williams. "Nuestras escuelas del sistema estatal están destinadas a hacer un título universitario asequible para los estudiantes de Pensilvania, especialmente para nuestras minorías y los estudiantes de primera generación y en este momento, no estamos cumpliendo esa misión. Sigo teniendo preguntas y preocupaciones sobre el plan de consolidación propuesto y si va a proporcionar el tipo de alivio que nuestro sistema estatal en dificultades y nuestros estudiantes necesitan desesperadamente."
La Dra. Jamie Martin, Presidenta de APSCUF, afirmó que la consolidación de universidades en la región occidental (California, Clarion y Edinboro) y en la región nororiental (Bloomsburg, Lock Haven y Mansfield) son motivo de gran preocupación para ella y para los miembros de su sindicato de profesores.
"Las preocupaciones que tenemos para nuestros estudiantes van desde preguntas sobre la disponibilidad de cursos, especialmente las oportunidades de clases presenciales, y la forma en que se lograrán las reducciones de precios del 25% descritas en los planes", dijo Martin.
Ross Brumagin, presidente de AFSCME Local 2329 y electricista de alta tensión de la Universidad de Edinboro, dijo que le preocupaba que el actual plan de rediseño no diera prioridad al mantenimiento de los puestos de trabajo.
"Llevamos una década perdiendo constantemente puestos representados por AFSCME. Teníamos 231 puestos en 2011, 217 en 2015 y ahora solo tenemos 125. Acabamos de sufrir despidos en noviembre de 2020 debido a la llamada política de "sostenibilidad financiera" de PASSHE. Y encima proponen integrar Edinboro con las universidades de Clarion y California bajo el paraguas de una universidad acreditada, y eliminar aún más puestos de trabajo", dijo Brumagin.
Shawn O'Dell, presidenta de AFSCME Local 2360 y empleada y licenciada de la Lock Haven University, dijo que le preocupa que su título acabe siendo de una universidad no acreditada si continúan los planes de consolidación.
Cameron O'Neill, estudiante junior de la Universidad de Bloomsburg y miembro del Honors College, dio testimonio de su experiencia como estudiante actual y de los retos a los que ella y sus compañeros se han enfrentado como resultado del aprendizaje en línea durante la pandemia del COVID-19. Afirmó que esta experiencia les ha hecho sentir aún más aprensión ante los planes de consolidación propuestos, que se basan en gran medida en modelos híbridos de educación en línea y presencial. O'Neill también expresó su preocupación por lo que consideró una falta de divulgación entre los estudiantes actuales sobre el proceso de consolidación y rediseño, y si estaban a favor o no de este plan.
"Puedo confirmar que lo único que he recibido (y rellenado) en relación con nuestras necesidades era una encuesta en la que se pedía el nombre de las escuelas consolidadas. No había ninguna opción en esa encuesta que preguntara si pensábamos que era una buena idea", dijo O'Neill.
El Dr. Marc Stier, Director del Pennsylvania Budget & Policy Center, dijo en su testimonio con respecto a la experiencia de los estudiantes que la disminución de la asistencia a las escuelas PASSHE no es necesariamente el resultado de los cambios demográficos, sino el hecho de que los precios en estas instituciones han aumentado drásticamente.
"Las matrículas han aumentado drásticamente en las escuelas PASSHE a medida que la financiación estatal ha disminuido precipitadamente. La financiación estatal es ahora sólo el 38% del nivel de 1983-1984. El estado ocupa el puesto 47 de 50 estados en inversión per cápita en educación superior. A medida que el Estado ha disminuido, la parte de los costes que corresponde a los estudiantes ha aumentado drásticamente", dijo Stier.
La Dra. Dale-Elizabeth Pehrsson, Presidenta de la Universidad de Clarion y Presidenta interina de la Universidad de Edinboro, declaró en la audiencia por qué PASSHE considera que el rediseño y la consolidación son necesarios: "Vemos la integración como el siguiente paso en esta evolución, un paso que conlleva incertidumbres inevitables, pero que también es necesario para garantizar que podemos seguir sirviendo a nuestra misión y a los estudiantes que son su núcleo."
"La integración permitirá a estas tres instituciones hermanas del oeste de Pensilvania aprovechar sus puntos fuertes colectivos y ofrecer a los estudiantes una gran cantidad de oportunidades que no se encuentran en ninguna institución por separado", prosiguió Pehrsson.
El Dr. Dan Greenstein, Canciller de PASSHE, también participó en la audiencia de hoy y respondió a las críticas de que el proceso de rediseño no ha sido transparente ni ha estado centrado en los estudiantes. Dijo que estaba agradecido por la retroalimentación que ha escuchado hoy y de la periodo de comentarios públicos disponible aún en curso en el proceso de rediseño del PASSHE.
En respuesta a las preguntas sobre por qué este proceso lo que ocurre ahora y por qué no podría esperar un período de tiempo más largo, Greenstein dijo: "Al no abordar estos problemas y seguir empujándolos por el camino hacemos que las desigualdades dentro de nuestro sistema peor."
Greenstein afirmó que, basándose en las predicciones financieras de los últimos 10 años, las tendencias de lo que les ocurrirá a las universidades si no se hace nada son claras, y acabarán quedándose sin fondos para funcionar con éxito.
"Como alguien con una deuda estudiantil significativa después de obtener un título de postgrado, sé lo importante que es para los residentes de Pensilvania tener acceso a una educación superior de calidad y asequible. Estoy muy agradecido por todos los que se unieron a nosotros en esta audiencia de hoy para seguir discutiendo las mejores opciones para crear un sistema estatal de Pensilvania de la educación superior que da prioridad a los estudiantes, profesores y las comunidades que albergan las instituciones educativas de Pensilvania", dijo el senador Katie Muth (D- Berks / Chester / Montgomery), presidente del Comité de Política Demócrata del Senado.
A continuación figuran todos los participantes en la audiencia de hoy:
- Dr. Jamie Martin, Presidente de APSCUF
- Cameron O'Neill, Junior en la Universidad de Bloomsburg (Honors College)
- Justina Arena, Junior en la Universidad de California
- Ross Brumagin, Presidente AFSCME Local 2329, Electricista de Alta Tensión de la Universidad de Edinboro
- Shawn O'Dell, Presidente AFSCME Local 2360, Lock Haven University Clerk Typist 3
- Dr. Marc Stier, Director, Pennsylvania Budget & Policy Center
- Dr. Dan Greenstein, Canciller
- Aaron Walton, Presidente, Universidad de Cheyney
- Dra. Dale-Elizabeth Pehrsson, Presidenta de la Universidad Clarion y Presidenta interina de la Universidad Edinboro
- Mia Swales, administradora estudiantil, Lock Haven University
La grabación completa de esta mesa redonda, así como los testimonios escritos de los participantes, pueden consultarse en senatormuth.com/policy. Una grabación completa de esta audiencia también se puede encontrar en el página de Facebook de los demócratas del Senado de Pensilvania.
March 12, 2021
BUCKS COUNTY − March 12, 2021 − State Senator Steve Santarsiero (D-10) was joined by Democratic colleagues today in New Hope to announce their action to protect clean drinking water for millions of Pennsylvanians from the environmental hazards of fracking. Their action is in response to a lawsuit filed by Republican senators against the Delaware River Basin Commission to allow natural gas drilling in the Delaware River Basin in Pennsylvania.
Arguing for the constitutional right of millions of Pennsylvanians to clean water, the motion to intervene was filed earlier in the day in United States District Court for the Eastern District of Pennsylvania in the case of Yaw v. The Delaware River Basin Commission. Republican caucus members had filed suit against the DRBC in January 2021, and in late February the Delaware River Keeper Network successfully intervened in the case.
“Clean water and air is a constitutional right for all Pennsylvanians, and it’s the duty of the General Assembly to ensure those rights are not infringed upon,” said Sen. Santarsiero. “The people of Bucks County – and the rest of the Delaware River Basin – have a constitutional right to clean, safe drinking water. We are not going to allow the oil and gas industry to contaminate that water. Working within its authority, the DRBC has been a steadfast champion for protecting the assets of the Delaware River Basin since its inception. Thanks to the DRBC and the work of environmental advocates, an incredible amount of progress has been made over the years to clean our waterways and create a reliable source of drinking water for millions of people. We have come too far to cede that progress to the damaging effects of fracking on our environment and land.”
“The DRBC was created 60 years ago to manage the river system and protect our water resources, including protecting the watershed from the harmful impacts of fracking,” said Sen. Carolyn Comitta (D-19), Minority Chair of the Senate Environmental Resources and Energy Committee. “The DRBC exercised its authority, with all four basin states voting to ban fracking. Individual Pennsylvania legislators don’t get to pick and choose when it comes to the compact’s decisions. We support the DRBC in its decision to ban fracking – one that upholds Pennsylvania’s Environmental Rights Amendment and protects our right to clean water.”
More than a decade ago, DRBC unanimously voted in favor of a moratorium on fracking pending the adoption of new regulations. Since then, the Commission has received almost 80,000 public comments which have been considered in updated draft rules.
“There is mounting evidence from throughout our Commonwealth that fracking cannot be conducted safely and, in many cases, permanently and completely contaminates our shared drinking water resources,” said Sen. Katie Muth. “I applaud the Delaware River Basin Commission for preventing this dangerous and harmful industrial activity from rendering the drinking water for 8.3 million Pennsylvanians unsafe and unusable. Moreover, I am appalled that my Senate colleagues from the Majority Party are willing to sacrifice the health of their constituents in the name of industry profit. Without water, our homes are rendered valueless, our public health severely deteriorates due to toxic and radioactive fracking waste, and our environment is polluted for generations to come. I stand in defense of the public health and environmental quality for all Pennsylvanians and strongly oppose any effort to harm our drinking water resources in the name of corporate greed.”
“Clean drinking water is a constitutional right in Pennsylvania, and an imperative to our health and survival as a species,” said Sen. Amanda Cappelletti (D-17). “The Delaware River Basin delivers drinking water to 13.3 million people. We joined the DCRB to maintain the safety of that water. Legislators who are threatening that mission should be ashamed of their thinly veiled attempt at a power grab. The citizens of the Commonwealth of Pennsylvanian and the citizens of New York, New Jersey and Delaware have an inviolable right to keeping this water, their drinking water, clean.”
Five million Pennsylvanians across 17 counties reside in the Basin, which includes Bucks, Delaware, Montgomery, Chester and Philadelphia counties. The Delaware River Basin spans 6,471 square miles in the Commonwealth, across 522 municipalities.
“I chose to sign on as an intervenor in this case because I know my constituents and all Pennsylvanians take seriously their constitutional right to clean air and water,” said Sen. Judy Schwank (D-11). “It is my solemn and sworn duty to protect that right. This may be our last stand in attempting to protect the waters of the Delaware River Basin from the environmental hazards created by fracking. These waters are a drinking, agricultural and industrial water resource for more than 13 million Pennsylvania, Delaware, New York and New Jersey residents.”
Sen. Maria Collett (D-12) added, “My constituents and I know firsthand what it’s like to have to fight for “pure water” as guaranteed by the Environmental Rights Amendment of the Pennsylvania Constitution and the terror felt when that bond has been broken. The argument made by my Republican colleagues that, as trustees of Pennsylvania’s national resources under this Amendment, they must protect the pecuniary value of such resources over the health and survival of the people and ecosystems dependent on them is not just unconstitutional, it’s inhuman.”
Sen. Vince Hughes (D-7) said, “Protecting the quality of ground and surface water and the future of the Delaware River Basin has broad support from the public in Pennsylvania and the other three states impacted by the Delaware River Basin Commission. Simply put, the commission is acting to protect those interests and the right to pure water. We join in this suit to protect those rights and to prevent adverse impacts from affecting our region.”
In a February 2021 DRBC meeting the 4 member states unanimously voted to ban fracking in the Delaware River Basin. During the special meeting, the United States abstained from the vote, but indicated support for the result.
“My colleagues and I are intervening to fight for the 13 million people who get their water from the Delaware River Basin and protect the Constitutional right of all Pennsylvanians to clean air and clean water,” said Sen. John Kane (D-9). “The DRBC voted unanimously to ban fracking after hearing tens of thousands of comments over several years — that’s what our communities want, and that’s how to keep Pennsylvanians safe. I’m proud to stand alongside my colleagues in intervening in support of the DRBC.”
Sen. Sharif Street (D-3) said, “The Delaware River Basin Commission’s decision is not only within their authority as custodians of the waters of the Delaware River Basin but is also constitutionally sound. I’m proud to stand with my colleagues to protect our environment and the people of Pennsylvania. ”
Environmental groups have long advocated for protecting the Delaware River Basin and for the constitutional right of all Pennsylvanians to clean air and water. They shared their overwhelming support for the Democratic Senators’ intervention in the lawsuit in written statements.
In a statement read during the press conference, Conservation Voters of Pennsylvania said, “We would like to thank Senator Santarsiero and his colleagues in the Pennsylvania Senate for filing a motion to intervene in Yaw v. DRBC. Thousands of residents and countless elected officials and experts have spoken out in support of banning fracking in the Delaware River Basin.”
Maya van Rossum, leader of the Delaware Riverkeeper Network said, “The Delaware River is irreplaceably important to our entire region. To allow it to be sacrificed to the fracking industry, to be used to advance the climate crisis, and to be used to help advance an industry that is devastating the health, safety, lives, property values, quality of life and local economies of entire communities is indefensible. It is even worse that the republican legislative caucus, Senators Yaw and Baker would be seeking to misuse Pennsylvania’s constitutional environmental rights amendment and to deny Pennsylvania’s support for the Delaware River Basin Commission is an abuse of power and trust. I would like to thank Senator Steve Santarsiero and the legislators of the Democratic Caucus for seeking to join the ongoing lawsuit so they can rise up and defend our river, our environment and the environmental rights of the people of Pennsylvania.”
“PennEnvironment applauds the state senators who’ve come together today from across the Delaware River watershed to stand up and defend this great river,” said PennEnvironment Executive Director David Masur in a written statement. “Fracking shouldn’t be allowed anywhere, much less near an iconic natural waterway like the Delaware River, which provides drinking water for millions of Americans. Given that local Pennsylvanians voiced their overwhelming support for protecting the Delaware River from fracking during the public input processes, it’s unfortunate that the elected officials who are the plaintiffs in the ‘Yaw v. DRBC’ case are using the courts to undo the will of local residents.
The Democratic Caucus members who have signed onto the lawsuit are Senators Steve Santarsiero (D- Bucks), Carolyn Comitta (D- Chester), Amanda Cappelletti (D- Montgomery, Delaware), Maria Collett (D- Montgomery, Bucks), Wayne Fontana (D- Allegheny), Art Haywood (D- Montgomery, Philadelphia), Vince Hughes (D- Philadelphia), John Kane (D- Chester, Delaware), Tim Kearney (D- Delaware), Katie Muth (D- Berks, Chester, Montgomery), John Sabatina (D- Philadelphia), Nikil Saval (D- Philadelphia), Judy Schwank (D- Berks), Sharif Street (D- Philadelphia), Tina Tartaglione (D-Philadelphia) , and Anthony Williams (D-Philadelphia).
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February 10, 2021
Harrisburg, PA − February 10, 2020 − Today, the Pennsylvania Women’s Health Caucus (WHC) hosted a Joint Policy Hearing with the PA House and Senate Democratic Policy Committees on the topic of Maternal Health Amidst COVID-19. Co-Chairs of the WHC include Senator Judy Schwank (D-Berks), Senator Amanda M. Cappelletti (D-Montgomery, Delaware), Representative Morgan Cephas (D-Philadelphia) and Representative Mary Jo Daley (D-Narberth).
“Today’s policy hearing on maternal health amidst COVID-19 was incredibly informative. This was a broad discussion about maternal mortality and its prevalence in black women; COVID vaccines; telemedicine and other innovative tools for patients to keep in touch with their health care providers; and the impact of quarantine on pregnant and postpartum individuals,” said Representative Mary Jo Daley. “In Pennsylvania, we are so fortunate to have health care practitioners including physicians, nurse-midwives and psychologists as well as lactation consultants and doulas who provide services during the pregnancy and postpartum time. The need for legislative action on policies that support pregnant women and their families was discussed by the panelists, most of whom have direct interaction with pregnant women, their families, and their support systems.”
Since the onset of the pandemic, the Pennsylvania Department of Health has cautioned pregnant women to take preventative measures in avoiding exposure to COVID-19, as they are considered to be at greater risk of becoming seriously ill if infected with the virus, including possible adverse birth outcomes. A study conducted by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) indicates pregnant women are more likely to be hospitalized in the intensive care unit and receive mechanical ventilation than non-pregnant women, but they are not at greater risk of death from COVID-19 than non-pregnant women (American Hospital Association, 2020).
“Today’s hearing proved once again how important it is to listen to women, and that we need to focus on inclusion and diversity,” Senator Judy Schwank said. “Some of the suggestions we heard today could literally save lives if we’re able to implement them through policy change or legislation. For example, several of our experts mentioned ensuring pregnant patients have access to monitoring equipment, like an at-home blood pressure cuff, to catch potentially life-ending health problems early. We’ve asked the experts for their advice and they’ve absolutely risen to that challenge. Now my colleagues and I must take this torch and keep this momentum going.”
Policy recommendations from our panelists included eliminating barriers to healthcare access, expanding broadband access for telemedicine, and expanding postpartum Medicaid coverage to one year.
“As co-chair for the Women’s Health Caucus and a newly appointed member of the Pennsylvania Commission for Women, it is imperative for me to ensure that conversations on maternal health continue to be elevated. Testifiers from today’s hearing helped us to understand the impacts of COVID19 on pregnant individuals, mothers, and the healthcare system, but also reiterated much of what we already knew. I look forward to working alongside my colleagues in the House and Senate to take what we discussed in today’s hearing and turn it into substantial reforms that improve maternal health outcomes across the commonwealth,” said Representative Cephas.
The panels covered diverse topics relative to maternal health, including Maternal Care During COVID-19, Vaccines & Pregnancy, Telemedicine, Prenatal Care, & Labor & Delivery, the COVID-19 Vaccine, and the Impact of Quarantine on Pregnant & Postpartum Individuals.
“Today’s policy hearing highlighted the struggle pregnant and nursing people faced prior to the pandemic and how that struggle has increased exponentially since the pandemic. As policymakers, we must take what we heard today and continue to fight for the support and programs pregnant and nursing people need for them and their families to thrive. One vital aspect to that is access to the COVID-19 vaccine,” said Senator Cappelletti. “We must provide pregnant and nursing individuals with scientifically valid, trustworthy, and easy to access information about how it may or may not affect their health and the health of their child.”
As a caucus, we would like to thank our panelists, and everyone who participated in and coordinated today’s hearing. We will continue this conversation far past today and continue to hold important discussions on Women’s Health issues. Our caucus is committed to advocating for the health of women and families across the Commonwealth.
Below are all who testified in today’s hearing:
- Dr. Mark Woodland, M.S., M.D., FACOG, Chair & Clinical Professor OB-GYN, Reading Hospital/Tower Health, Interim Academic Chair, OBGYN Drexel University College of Medicine
- Dr. Hyagriv “Hy” Simhan, UPMC Magee-Women’s Hospital, Division Chief of Maternal Fetal Medicine
- Dr. Richard Beigi, UPMC Magee-Women’s Hospital, President, OB-GYN
- Dr. Aasta Mehta , M.D., M.P.P., FACOG – Philadelphia MMRC, Philadelphia Dept of Health, PA MMRC
- Dr. Sindhu Srivinas , Director of Obstetrical Services – UPenn/Penn Medicine
- Nicole Chaney, Certified Nurse-Midwife, Reading Hospital
- Markita Glenn, Doula, Pettaway Pursuit Foundation
- Dr. Elizabeth Morgan, Maternal Fetal Health Specialist, Baystate Health
- Dr. Richard S. Legro, M.D, Chair, Department of Obstetrics and Gynecology, Professor of Obstetrics and Gynecology and Public Health Sciences, Penn State Health College of Medicine and Penn State Health
- Dr. Catharine I. Paules, M.D., Assistant Professor, Infectious Diseases, Penn State Health College of Medicine and Penn State Health
- Dr. Rhonda C. Boyd, Ph.D., Psychologist in the Department of Child and Adolescent Psychiatry and Behavioral Sciences at The Children’s Hospital of Philadelphia
- Demia Horsley, M.P.H., CLC (DONA), LCCE, Director of Strategic Initiatives, Healthy Start, Inc.
The full recording of today’s hearing will be available at: https://www.senatormuth.com/policy/
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8 de febrero de 2021
HARRISBURG - 8 de febrero de 2021 - En respuesta a las crecientes tasas de infección y muerte por COVID-19 entre las personas encarceladas y en todo el sistema penitenciario de Pensilvania, casi tres docenas de senadores y representantes estatales han emitido una carta conjunta al gobernador de Pensilvania, Tom Wolf, instándole a utilizar su poder de indulto para liberar inmediatamente a las personas encarceladas que son ancianas o médicamente vulnerables.
Las instituciones penitenciarias de Pensilvania registran actualmente una tasa de mortalidad por COVID-19 tres veces superior a la de la población general.
"Hay una crisis creciente en nuestros centros penitenciarios. El Secretario del Departamento Correccional, Wetzel, ha declarado que no pueden detener la propagación del virus dentro de los muros de la prisión. La propagación en las instalaciones amenaza con aumentar la propagación en la comunidad a medida que más hombres y mujeres mueren detrás de los muros y en nuestras comunidades cada día. Insto al gobernador Wolf a utilizar una vez más su poder de indulto para proteger a nuestras comunidades", dijo el senador Sharif Street (D-Filadelfia).
"Como funcionarios electos, hemos jurado hacer todo lo que esté en nuestra mano para mantener a salvo a aquellos a quienes representamos", declaró el senador Nikil Saval (demócrata de Filadelfia). "Cada persona que ha muerto deja tras de sí una familia y una comunidad en duelo. Estas muertes innecesarias son inaceptables. Pedimos al gobernador Wolf que actúe de inmediato para evitar más sufrimiento y más pérdidas de vidas."
Más de 1.200 personas fueron identificadas como elegibles para el indulto por la administración del gobernador Wolf en la primavera de 2020, pero desde entonces, el indulto sólo se ha concedido a 159 personas.
El senador Anthony H. Williams (D-Filadelfia/Delaware) reconoció la urgente necesidad de una acción gubernamental inmediata para mantener a salvo a la gente, declarando: "Gandhi lo captó mejor: 'La verdadera medida de cualquier sociedad puede encontrarse en cómo trata a sus miembros más vulnerables'".
El 28 de enero, los senadores Williams, Street y Saval publicaron un memorando de copatrocinio titulado "Ampliación de la Elegibilidad para la Liberación Médica y de Ancianos para Mitigar el COVID-19 en las Prisiones de PAcon el objetivo de ampliar la elegibilidad y mejorar el proceso para facilitar la liberación de las personas con mayor riesgo de enfermedad grave y muerte.
"No podemos permitir que una pena de prisión sea una sentencia de muerte", declaró el senador John Kane (D-Delaware/Chester). "Las muertes por COVID en las prisiones son evitables y punto. Insto al Gobernador a utilizar su poder de indulto para evitar estas muertes desmedidas."
Esta carta representa un importante esfuerzo bicameral entre los legisladores, con 16 senadores demócratas (la mayoría de la bancada demócrata del Senado) y 16 representantes estatales demócratas firmantes, y con el apoyo particular de la Bancada Negra Legislativa de Pensilvania.
"Tengo el corazón roto por las innumerables historias de los electores de mi distrito de seres queridos en la cárcel que han enfermado durante esta pandemia, y sabemos que la gente está muriendo en las cárceles sobre una base semanal", dijo el representante Rick Krajewski (D-Filadelfia). "Hay una crisis sanitaria absoluta en las cárceles de Pensilvania. El gobernador tiene la capacidad de poner fin a este sufrimiento en este momento, estas muertes son innecesarias y estoy instando al gobernador a reconocer su poder y la responsabilidad de conceder el indulto a las personas en prisión que están en riesgo de COVID-19."
El representante Chris Rabb (demócrata de Filadelfia) subrayó el impacto sin límites de la pandemia y la necesidad de actuar con valentía por el bien de la salud pública.
"La propagación comunitaria no reconoce estatus social. El virus es oportunista y se propaga independientemente de la política o la posición de las personas que infecta, y no le importa la naturaleza de la población congregada que devasta", dijo el Representante Rabb. "Sin una rápida liberación de los peninsulares encarcelados siguiendo la orientación de los funcionarios de salud pública, los hombres y mujeres en nuestras prisiones seguirán recibiendo sentencias de muerte de facto debido a la inexacta -y ahora peligrosa- suposición de que las personas condenadas por ciertos delitos penales son una amenaza significativa para el público. No podemos permitir que la política y la percepción pública mal informada sobre las medidas de salud pública necesarias y audaces se interpongan en el camino de hacer que los residentes de Pensilvania estén más seguros. No es justo para el personal del DOC ni para las personas encarceladas, ni para todos aquellos con los que entran en contacto más allá de los muros de la prisión."
Las personas encarceladas no tienen la capacidad de distanciarse socialmente. Como resultado, el Departamento de Prisiones ha recurrido al uso del confinamiento solitario -una medida punitiva- para tratar de prevenir la infección y el daño generalizados. Los hallazgos realizados en todo el país han vinculado definitivamente los brotes de COVID-19 en centros penitenciarios con el aumento de casos en la comunidad circundante.
"Pedir al Gobernador Wolf que ejerza su poder de indulto es simplemente una política de salud pública sensata. Esto salvará las vidas de los encarcelados y las personas que trabajan en nuestros centros correccionales", dijo la senadora Amanda M. Cappelletti (D-Montgomery/Delaware). "De las 47.000 personas que se encuentran en prisiones estatales y centros correccionales comunitarios, muchas son ancianas o tienen problemas de salud que las exponen a un mayor riesgo de hospitalización y muerte en caso de que se infecten con COVID-19. Debemos tomar las medidas necesarias para proteger a los reclusos y a las personas que trabajan en nuestros centros correccionales. Debemos tomar las medidas necesarias para proteger su salud y garantizar su seguridad. Esto es lo mejor para nuestro público".
La senadora Lisa M. Boscola (D-Lehigh/Northampton) destacó los esfuerzos en favor de las personas encarceladas como parte de una labor holística en pro de la salud del Estado.
"La última sesión me sentí orgulloso de trabajar de manera bipartidista para elaborar legislación para liberar a los presos no violentos ancianos y enfermos, ya que cuesta demasiado dinero a los contribuyentes", dijo el senador Boscola. "Liberar a las personas mayores y médicamente vulnerables que no son un peligro para la comunidad con el fin de reducir la probabilidad de que se COVID en la cárcel está en línea con la reducción responsable de nuestra población carcelaria."
El 7 de enero, a petición de los senadores Williams y Street, la Comisión de Política Demócrata del Senado celebró la audiencia "Pandemia en nuestras prisiones-Proteger a las personas y a las comunidades." Las recomendaciones tras la audiencia incluyeron instar al Gobernador Wolf a utilizar el indulto para reducir la población carcelaria.
"Cada día que pasa sin que se tomen medidas para ampliar las medidas de indulto aumenta el riesgo para los ancianos encarcelados y las personas médicamente vulnerables", dijo la senadora Katie Muth (D-Montgomery/Chester/Berks), presidenta del Comité de Política Demócrata del Senado. "Se necesita una acción urgente ahora y no podemos esperar ni un minuto más para que el daño innecesario e injusto tome otra vida".
"La administración Wolf debe ser elogiada por la introducción del programa de indulto en abril", dijo la senadora Judy Schwank (D-Berks). "Sin embargo, no ha hecho lo necesario y nuestras prisiones estatales siguen abrumadas por el coronavirus. Pedimos al gobernador Wolf que reevalúe este programa".
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December 10, 2020
HARRISBURG – December 10, 2020 – Today the following members of the Pennsylvania State Senate signed a joint statement – set forth below – denouncing the brazen attempt of the attorneys general of Texas and seventeen other states to disenfranchise millions of Pennsylvanians and voters in three other states by asking the United States Supreme Court to prevent electors in Pennsylvania and those other states that voted for Joe Biden from certifying him the winner when they meet in Harrisburg and the other state capitals on Monday, December 14.
The statement reads as follows:
“The lawsuit by the attorneys general of Texas, Alabama, Arkansas, Florida, Indiana, Kansas, Louisiana, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, Tennessee, Utah and West Virginia is based on the outright lie that voter fraud prevented Donald Trump from getting re-elected. Since Election Day, the Trump legal team has filed scores of such suits trying to overturn the will of the people. Time and again, the judges in those matters – in many cases conservative, Republican judges, some of whom Donald Trump appointed himself – have found that there was no evidence to support those claims and dismissed the suits accordingly.
The bedrock of our democracy is the right to vote and the right of voters to be sure that their votes will be counted. This lawsuit and the others like them are a direct attack on that fundamental principle. It seeks to perpetuate the lie that the presidential election was somehow stolen. While partisan politics – and a desire to appease the president’s restive base – may be the motivation for this latest court challenge, allowing it to go forward in silence is dangerous and, we believe, would constitute a dereliction of our duty as elected representatives of the people to uphold the Constitution of the United States and the Constitution of the Commonwealth of Pennsylvania.
The facts are these: Joe Biden received over 81 million votes, more than any candidate for president in the history of the United States and about 7 million more than Donald Trump. He received 80,555 more votes than the president in Pennsylvania. Mr. Biden received the most votes in 25 states and the District of Columbia, and, therefore, on December 14 when the Electoral College convenes, will be awarded 306 electoral votes, 36 more than the 270 needed to be elected president. Every vote cast for Joe Biden was cast freely and fairly, whether in person or by mail. In each state the vote-counting process was transparent and undertaken pursuant to law. Local and state officials, both Republican and Democratic alike, have attested to those facts, and, as noted, the courts have agreed. Joe Biden won the election.
Donald Trump has lost his bid for re-election; he seems incapable of accepting that fact. For the first time in American History, a sitting president who lost re-election has refused to acknowledge his loss, acting instead like a would-be autocrat who cannot accept any outcome that does not have him staying in power. While that may be a commentary on the character of the man, it cannot be a cause for setting aside the will of the people.
All of us have a responsibility – indeed we would go so far as to say a sacred duty – to ourselves, our fellow Americans and generations to come to prevent the lie that this election was stolen from living on and undermining future elections. For these reasons we have signed this statement and call upon others to likewise speak out and denounce this lawsuit against our state for what it is: an attack on our democracy.”
Signed,
Senator Steve Santarsiero, 10th District
Senator Vincent Hughes, 7th District
Senator Maria Collett, 12th District
Senator Judy Schwank, 11th District
Senator Tim Kearney, 26th District
Senator Christine Tartaglione, 2nd District
Sen.-Elect Amanda M. Cappelletti, 17th District
Sen.-Elect Carolyn Comitta, 19th District
Senator Jay Costa, 43rd District
Senator Anthony H. Williams, 8thDistrict
Senator Katie Muth, 44th District
Senator Art Haywood, 4th District
Senator Sharif Street, 3rdDistrict
Senator Lindsey Williams, 38th District
Sen.-Elect Nikil Saval, 1st District
Sen.-Elect John Kane, 9th District
April 8, 2020
Harrisburg, PA − April 8, 2020 − The Senate adjourned Tuesday afternoon after the House Republicans indicated they would not be taking up Senate Bill 841, legislation that would have enabled local municipalities to hold their meetings remotely, permitted e-notary use; lengthened the time period a property tax payer can receive an early payment discount and delay penalties for late payments to Dec. 31st; and allowed businesses to make delayed payments on EITC. Another important amendment offered by Senator Pam Iovino (D-Allegheny) allowed school districts to renegotiate contracts to ensure contracted school workers can get paid and continue to receive benefits.
The amended SB 841 passed the Senate with bipartisan support. While the Senate Democrats and Republicans chose to put partisan difference aside, the House Republicans were pushing to please special interests and big donors. Intending to use this crisis as leverage, Speaker Turzai and his caucus passed legislation to prematurely allow businesses to reopen during this public health crisis and create a partisan task force to interfere with the Governor’s disaster response, both of which unnecessarily risk lives and threaten to expend the emergency.
“While the Governor and Department of Health Secretary offer leadership on public safety in daily briefings and Democratic members of the PA House and Senate draft legislation to protect working people who are either out of work or employed on the front lines of essential businesses, Republicans are putting lives at risk and undermining the Governor and Secretary Levine’s best efforts to end this crisis,” said Senate Democratic Leader Jay Costa, Jr. “Instead of taking the advice of our Health Secretary, they are trying to slow down our response and hasten the re-opening of non-essential businesses against the guidance of every public health entity in the country.”
The House Republicans were seeking even more egregious measures to provide civil immunity to big businesses, upend school districts ability to pay their teachers, and leave our corrections department employees at serious threat of the Coronavirus. Perhaps worst of all, the language does nothing to protect frontline workers, provide assistance to those that are out of work, or to help small businesses weather this crisis.
In an amendment to Senate Bill 327, House Republicans designed a task force with partisan appointees to usurp the Governor’s ability to rapidly respond to this quickly-evolving crisis. Their bill would require the Secretary of Health to leave PEMA, take hours away from public health crisis planning and defend her work in front of a redundant, political body.
The Senate Democratic Caucus will not support these bills. Alternatively, this caucus will be supporting legislation on the following issues:
- The American Working Family Relief Action Plan for front-line worker protections (Collett/L. Williams)
- Protecting workers during public health emergencies (Santarsiero)
- COVID-19 Food Worker Safety Act (Tartaglione)
- COVID-19 Grocery Store Worker Safety Act (Tartaglione)
- Payment of contract services in schools (Iovino)
- Childcare assistance (Schwank/L. Williams)
- Emergency expansion of the Family Medical Leave Act to provide paid sick leave (Farnese)
- Crisis grants for volunteer fire and EMS companies due to COVID-19 (Brewster)
- Require business interruption insurance to cover COVID-19 related business closures (Hughes)
- Eviction protection for all disaster emergencies (Farnese)
- Coronavirus disease and schools: allowing for online instruction (Dinniman)
- Creating a Common Wealth Fund to collect donations from individuals to provide for essential needs of those in need (AH Williams)
- Providing a presumption of eligibility for Workers’ Compensation benefits for workers that get sick in the workplace (Tartaglione)
- Ensuring receipt of a stimulus check from the Federal government is not included in an individual’s income for purposes of qualifying for social safety nets (Schwank)
- Exempting stimulus checks from the Federal government from State and local taxation (Brewster)
- Collaborating with financial institutions to mandate mortgage loan forgiveness, assistance to homeowners that were laid off due to state emergencies (Farnese)
“While many working Pennsylvanians are suffering from the COVID-19 pandemic, facing lost hours or even complete unemployment, others who find themselves in more fortunate circumstances have expressed a desire to help their fellow citizens by either donating to a local charity or patronizing local businesses,” said Senator Anthony H. Williams. “By establishing the “Pennsylvania Common Wealth” restricted account, taxpayers could redirect all or a portion of their stimulus check to the state, which in turn would be authorized to direct those funds into programs which help the neediest Pennsylvanians – property tax & rent rebates, temporary assistance for needy families, CHIP or medical assistance.”
“Pennsylvania needs solutions that help protect its working people who have been hit the hardest by the fallout of the coronavirus pandemic,” Senator Vincent Hughes said. “We in the Pennsylvania Senate Democratic Caucus have put forth a number of policy proposals that would do just that, meanwhile House Republicans have chosen to ignore these needs and push an agenda that jeopardizes public health and puts additional pressure on working people by delaying immediate relief. Our mission should be helping people in this unprecedented time of need and we will remain vigilant in protecting hardworking folks across the commonwealth.”
“As public servants, our most important duty is to protect the health, safety and welfare of our citizens. This includes making difficult decisions in challenging times. We all want businesses to reopen, employees back on the job, students back in classrooms and some semblance of normal life to resume, but that cannot happen unless we first continue mitigation efforts and follow the advice of our scientists and experts,” said Senator Wayne D. Fontana. “Anything contrary can set back progress and cause further harm on our economy and most importantly, on human health. The bipartisan legislation the Senate approved provides some necessary guidance and relief to local governments, businesses, school employees and property taxpayers during this unprecedented situation. It is unconscionable that House Republicans blatantly disregarded that duty and have chosen not to act.”
“The spread of coronavirus has not quieted the voice of special interests in Harrisburg and that’s tragic,” said Senator Larry Farnese. “Mitigation through isolation is working and we have to recognize that sacrifice through legislation that actually helps front-line workers instead of just saying nice things on social media.”
“This crisis and the Commonwealth’s response to the COVID-19 pandemic requires leadership, transparency and cooperation – not partisan politics,” said Senator John Blake. “While we’ve worked well with the Senate majority on real solutions that actually help people in this crisis, the House majority looks to undermine the executive authority of the Governor as well as the advice of medical and scientific experts regarding public health. I applaud the work being done by Governor Wolf and his administration to keep Pennsylvanians safe and to mitigate the spread of COVID-19. I will continue to support important legislation to help our business community, front-line workers and medical professionals; and to protect our citizens, schools and local governments across this state. We need to remain vigilant in following the recommendations of the PA Department of Health and the federal CDC.”
“Issues that the Commonwealth was already facing have been exacerbated by this pandemic, and child care services and early learning programs are near the top of the list. Childcare centers are teetering on the brink of insolvency, which is why part of our legislative package addresses early childhood learning and safe, quality childcare. We will not be able to restart Pennsylvania’s economy without this key component,” Senator Judy Schwank said. “Additionally, it’s vital that the income requirements of state programs like PACENET and Property Tax and Rent Rebate are adjusted so that Pennsylvanians receiving federal aid are not penalized later.”
“The key to an effective response to the pandemic is to ensure that our citizens are protected, health risks are addressed, and our economy restarts quickly,” Senator Jim Brewster said. “That’s why I introduced a six-point stimulus plan that will help small business, protect workers and create jobs once we are clear the threat posed by the pandemic. In addition, we need to make sure to address the immediate and long-term needs of first responders and all workers and businesses who are providing essential services during this time of extraordinary stress.”
“There is no segment of our Commonwealth that hasn’t been upended by this crisis. Everything is a priority. But in order to save livelihoods, we must first save lives,” said Senator Maria Collett. “As a nurse, I know firsthand the challenges our health care workers are up against and the urgency of passing legislation like the American Working Family Relief Action Plan for Front-Line Workers. Our doctors, nurses, first responders, senior care aides and others should not have to worry about getting sick or infecting others while performing their essential work.”
“It is irresponsible for the state to reopen businesses at the height of the COVID-19 outbreak. Those who are not essential workers should remain home,” said Senator Art Haywood. “We need to do all we can as legislators to support essential employees risking their lives on a daily basis,” said Senator Haywood (D-Montgomery/Philadelphia). “I will continue to support the work Governor Wolf and Secretary Levine have done to inform the public to remain safe and stay home.”
“The citizens of Pennsylvania are counting on their elected representatives to save lives by responding swiftly, pragmatically, and in a bipartisan manner to slow the spread of this highly contagious virus,” said Senator Pam Iovino. “To fulfill our duty to the public, we must follow the consensus guidance of public health professionals, focus on protecting front-line essential workers, and put in place protections that allow furloughed or unemployed workers and small businesses to weather the economic disruption.”
“As the Democratic chair of the Local Government Committee, I worked with stakeholders for weeks to craft the provisions of SB 841, I am disappointed these commonsense measures, which passed the Senate with bipartisan support, are being held up by House Republicans for little reason,” said Senator Tim Kearney. “The House should immediately pass SB 841 and focus on bringing relief to Pennsylvanians, rather than sabotaging the Governor’s efforts to keep our families safe.”
“Yesterday, the majority party in both chambers failed to use their legislative power, where they can literally pass any bill they want to, and instead decided to pack up and go home without,” said Senator Katie Muth. “Failing to pass meaningful bills when people are fighting for their lives is simply negligent.”
“Now is not the time to play politics,” said Senator Steve Santarsiero. “Saving lives has to be the first priority. In order to do that, we must all do our part and follow the Governor’s and Department of Health’s plans as they’ve been explained to us countless times. SB 841 is just one of many ways our caucus has worked in a bipartisan effort to provide relief to those who need it most. However, SB 327 is exactly what our healthcare professionals warn us against. Promoting a premature return to normalcy will only undermine our effort to keep the public safe, and further endanger thousands of lives.”
“Government’s most important role is the protection of its people. Since the COVID-19 crisis the Senate has met three times, with little to show for it. Communities across the commonwealth have no interest in the paralysis of government especially in the most desperate of times. What they do care about is the protection of our essential workforce, the interruption of our small businesses, job loss, staying in their homes and educating their children. The only thing that matters is the preservation and protection of every resource needed to keep families safe during this health crisis,” said Senator Sharif Street.
“We need to be back in Harrisburg, we need to get back to work. We must work together to ensure our communities are protected during uncertain times.”
“As thousands of Pennsylvanians continue to get sick and hundreds die, now is no time to play partisan politics,” Senator Tina Tartaglione said. “As public leaders, we must unite behind the common goal of reducing the threat of this virus and mitigating the harm being done to our constituents. The package of bills we have proposed will directly help all Pennsylvania families, including essential workers, displaced workers, first responders, school children, those who have become sick, and those in need. I urge all legislators from all political parties to support these bills.”
“Stopping the spread of COVID-19 and saving lives is our top priority. We also need to protect and support our constituents, our communities, and our businesses,” said Senator Lindsey Williams. “Our front-line essential workers – our hospital workers, grocery store workers, emergency service personnel and others – cannot afford to wait for PPE. They needed it weeks ago. Our childcare facilities need our help to stay open and provide care to the children of our essential workers while they risk their lives for us. Our small businesses need financial support to stay afloat. Our municipalities need the ability to meet remotely and make decisions that will ensure the safety of all of residents. There are a lot of needs right now and our constituents do not have time for us to waste playing partisan games or naming bridges. The Senate Democrats have offered concrete solutions that will help people. We should all be working together to get them to the Governor’s desk for signature as soon as possible.”
More information on the work of the Pennsylvania Senate Democratic Caucus during the COVID-19 crisis can be found at pasenate.com/covid19.
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27 de agosto de 2019
HARRISBURG, 26 de agosto de 2019 - Después de una revisión de meses de una denuncia de mala conducta sexual contra un ex miembro de la Cámara de Pensilvania, un gran jurado del condado de Dauphin ha pedido a la Legislatura de Pensilvania que cree una nueva Oficina de Responsabilidad Legislativa independiente para crear un sistema de denuncia centralizado para que las víctimas denuncien el acoso sexual y la mala conducta sexual.
Entre otras cosas, el gran jurado recomendó que la nueva oficina independiente estuviera dirigida por un investigador cualificado, tuviera poder de citación en consulta con el fiscal de distrito de la jurisdicción pertinente y autoridad para investigar cualquier presunta conducta indebida, sin limitarse al acoso o agresión sexual.
Los miembros del Caucus Demócrata del Senado de Pensilvania han acogido favorablemente esta idea y planean seguir adelante cuando la legislatura regrese en septiembre.
"Las mujeres del Capitolio merecen estar seguras, sentirse seguras, ser escuchadas y respetadas", declaró el senador Larry Farnese (D-1). "Debemos actuar con rapidez y permanecer unidos para promulgar estos cambios de política para crear un mejor ambiente de trabajo para todos en el Capitolio".
"Para proteger la seguridad de todas las personas en el Capitolio y sus alrededores, así como de quienes interactúan con la Asamblea General en cualquier lugar de la Commonwealth, debemos empoderar y animar a las víctimas a denunciar los presuntos incidentes de acoso y mala conducta lo antes posible", dijo la senadora Christine Tartaglione (D-2). "Mediante la creación de una oficina dedicada a investigar estos incidentes de forma independiente, estaremos enviando un poderoso mensaje de que la Legislatura de Pensilvania toma en serio todas las denuncias y que cada voz será escuchada."
"Este proceso ha puesto de manifiesto las deficiencias de la política y de las denuncias que durante años han impedido mantener la seguridad de las mujeres en el Capitolio y sus alrededores", declaró la senadora Judy Schwank (D-11). "Es hora de que nos tomemos en serio esta conducta y creemos un proceso de denuncia que ofrezca a las víctimas la oportunidad de denunciar con seguridad y dignidad. Es hora de que los líderes legislativos de hoy lideren la creación de un camino a seguir para garantizar que el lugar de trabajo sea un lugar seguro para todos."
"Las conclusiones del Informe del Gran Jurado reiteran lo que ya sabemos y lo que el Movimiento #MeToo ha dejado claro durante años: no puede haber tolerancia para el acoso laboral. Punto", dijo la senadora Maria Collett (D-12). "Nuestra Asamblea General necesita atenerse a los estándares más altos y predicar con el ejemplo mediante la implementación y mejora de los procedimientos en los que abordamos todas las denuncias de acoso laboral mediante la adopción de estas recomendaciones. Espero con interés trabajar con mis colegas en la legislatura a medida que tomamos este tema cuando volvamos a la sesión."
"Tener una oficina independiente como unidad central de información e investigación tiene cierto sentido", dijo la senadora Lisa Boscola (D-18). "Ayudará a garantizar la coherencia y la eficiencia en todos los caucus y en ambas Cámaras".
"Como funcionaria pública de carrera, creo que los miembros de la Asamblea General deben estar sujetos a los más altos estándares de ética y comportamiento para mantener la confianza del público", dijo la senadora Pam Iovino (D-37). "El establecimiento de la Oficina de Responsabilidad Legislativa servirá para garantizar la confianza del público. Una oficina independiente garantizará un debido proceso creíble para todas las víctimas, independientemente de su sexo, así como para todos los acusados."
"Nuestro sistema actual de denuncia e investigación de las denuncias de acoso laboral es lamentablemente inadecuado y, en muchos casos, perjudicial para las mismas personas a las que está diseñado para servir", dijo el senador Lindsey Williams (D-38). "Tenemos que aprovechar esta oportunidad para poner en práctica las recomendaciones del Gran Jurado y crear un sistema que garantice que todas las víctimas y testigos por igual estén protegidos de represalias y se animen a denunciar los casos de acoso laboral."
"Las recomendaciones de no presentar cargos penales en este incidente son un ejemplo directo de cómo el sistema de "justicia" y el viejo club de chicos permiten la cultura de la violación y el abuso de poder en nuestro gobierno", dijo la senadora Katie Muth (D-44). "¿Cuántos más de nosotros tenemos que ser acosados, intimidados, agredidos y violados antes de que se exijan responsabilidades reales? Las recomendaciones del gran jurado deberían haberse impuesto hace décadas. Hasta que no haya una supervisión verdadera, imparcial y externa de los miembros de la Asamblea General, el actual sistema de regulación interna y autocontrol seguirá causando más daño, corrupción y despilfarro del dinero de los contribuyentes en salarios para los depredadores y los que los permiten."
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Contacto: Jamie Klein
Senadora Judy Schwank
Teléfono: (610) 929-2151
jklein@pasenate.com
June 24, 2019
Harrisburg, Pa. − June 24, 2019 − Members of the Pennsylvania Senate Democratic Caucus today jointly sent a letter to Governor Tom Wolf requesting a disaster declaration for gun violence in the Commonwealth.
“We believe it is necessary to raise the public’s awareness of the massive loss of human life and the suffering inflicted on affected family, friends and neighbors where this tragedy is unfolding daily,” they wrote. “Just as you have signed six disaster declarations to provide every tool at the Commonwealth’s disposal to combat the opioid epidemic, the death toll and impact from illegal guns should merit immediate and coordinated attention.”
Specifically, a disaster declaration could do the following:
- Establish a task force led by the Department of Health to create and implement a public health framework for addressing gun violence
- Establish a command center in the Pennsylvania Emergency Management Agency to coordinate state and local law enforcement response
- Enhance the Joint-Local State Firearm Taskforce through additional personnel and funding to take illegal guns off the street
- Expand information gathering and sharing between all levels of law enforcement and community groups
- Increase law enforcement presence, both local and state, in targeted areas where gun violence is most prevalent
- Expedite and expand grants and other funding sources for community groups and nonprofit associations with a proven record of violence reduction and prevention
- Provide additional state resources for behavioral and mental health
- Bringing to bear the significant wealth of knowledge and experience in the Departments of Health and Human Services to provide de-escalation and de-confliction training throughout the community
- Require the Pennsylvania Department of Education provide training and professional development on trauma-informed education
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